La Federación Catalana de Organizaciones para la Justicia Global (Lafede.cat) ha expresado su «preocupación» por el acuerdo del PSOE y Junts sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. En un comunicado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos apuntan que el pacto «aborda la cuestión migratoria desde una perspectiva securitaria» y «criminaliza la migración, adoptando los marcos de la ultraderecha en materia de política migratoria».
«Las competencias que se han negociado y pactado tienen que ver casi únicamente con el régimen sancionador: controlar, criminalizar y expulsar. Y, para ello, se prevé el incremento de más de 1.800 efectivos policiales», destaca Lafede.cat, que critica que el pacto «en ningún caso plantea desplegar una propuesta de modelo de acogida catalán que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos como pilar fundamental«.
«Reivindicamos que, si se hace efectivo el traspaso de competencias, este debería ser una oportunidad para revertir una gestión nefasta de las migraciones, y para que los derechos humanos sean el fundamento de las nuevas políticas de acogida catalanas», manifiestan las organizaciones para la justicia global en el comunicado, en el que también reprochan a la Generalitat de Catalunya que «ya podría estar trabajando en algunas demandas concretas de la sociedad civil» en materia de migración, ya que «ya tiene algunas competencias en acogida».
En este sentido, Lafede.cat reclama al gobierno catalán «que actúe en todos los ámbitos en los que ya tiene competencias y que muestre su voluntad política para adoptar políticas migratorias y de acogida basadas en el respeto a los derechos humanos». Concretamente, las organizaciones piden cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona; promover que los municipios garanticen y faciliten el empadronamiento sin domicilio fijo para facilitar el acceso a los servicios de salud básicos, escolarización y servicios de atención social; garantizar los derechos de los niños que migran solos y de la juventud extutelada, asegurando la solicitud del correspondiente permiso de residencia y trabajo; incrementar el acceso a la formación de las personas migrantes; y garantizar la continuidad de los procesos de transformación antirracista abiertos en la administración pública, entre otros.
