El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha archivado el caso contra la exalcaldesa de la ciudad, AdaColau, y la interventora del Ayuntamiento de Barcelona por las subvenciones a entidades sociales supuestamente afines que se otorgaron cuando era alcaldesa. La causa se ha cerrado definitivamente porque no se ha presentado recurso por parte de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que era acusación en este caso, y porque la Fiscalía estaba de acuerdo con el archivo del caso.
La asociación pidió prorrogar la instrucción aunque ésta, que ya se había prorrogado en junio, terminó el 29 de diciembre de 2024. El juzgado no ve ningún indicio de delito en la actuación de Colau, según la resolución a la que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN), y argumenta que las diligencias que pide la entidad «inciden de nuevo en cuestiones ya valoradas y relativas a documentos que han sido aportados con anterioridad y que pueden encuadrarse en realidad en el intento de la acusación de convertir el procedimiento en una investigación prospectiva».
Colau estaba investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, pero el juzgado constata que «no resulta ni un solo indicio de participación de la querellada en los delitos mencionados» y argumenta que cuando asumió el cargo delegó funciones en otras personas, entre ellas la concesión de subvenciones. Las entidades en cuestión ya habían recibido subvenciones públicas del Ayuntamiento en el pasado, apunta la resolución, y el procedimiento de concesión era el utilizado también desde antes de que Colau llegara a la alcaldía.
Las entidades a las que se refiere son el Observatorio DESCA, Ingeniería sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona o la Alianza contra la Pobreza Energética, que han aprovechado para reivindicar su labor tras un proceso judicial «que se ha alargado durante años y que ha supuesto un desgaste y un descrédito injusto hacia las personas y organizaciones que han sufrido esta guerra política encubierta». Han denunciado la «instrumentalización de la justicia que algunos agentes de poder están ejerciendo al ver sus intereses económicos amenazados».
