La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España han acordado que la Agencia Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) empiecen a gestionar de forma compartida el impuesto de matriculación, una medida que servirá de prueba piloto para la gestión de otros impuestos en un futuro por parte de la Generalitat.
En la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales celebrada este viernes en el Palau de la Generalitat, la cuarta y última celebrada entre los dos ejecutivos en los últimos diez días, esta gestión compartida ha sido la principal novedad. Se tratará de un banco de pruebas para la Generalitat para hacerse cargo de otros impuestos por parte del ATC, sobre todo con la mirada puesta en el del IRPF.
En este sentido, la consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha explicado que el acuerdo permitirá a las dos agencias tributarias trabajar conjuntamente y generar «confianzas y trabajo en red». «El gran objetivo de cara a 2026 es el IRPF y estos acuerdos nos permitirán avanzar hacia esta preparación de ls ATC», ha añadido.
Concretamente, primero habrá que designar a los funcionarios de la ATC que se encargarán de esta función y formarlos en los procedimientos y la plataforma tecnológica con el objetivo final de que los contribuyentes puedan presentar las declaraciones indistintamente a las dos administraciones, según ha detallado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Preguntada por algunas críticas de los inspectores de Hacienda en el sentido de que «trocear» la agencia tributaria puede aumentar el fraude, Romero ha afirmado que quiere «trabajar conjuntamente» y ha agradecido el esfuerzo de la AEAT. «Los cambios siempre generan resistencias. Puedo compartir algunas quejas«, ha añadido la consejera, que ha comentado que otras críticas son más «políticas». Con todo, ha abogado por «esperar los resultados» antes que expresen rechazo.
Por otro lado, los dos ejecutivos también han formalizado el compromiso por parte de la administración central del Estado para tramitar los instrumentos legales necesarios para hacer efectiva la condonación de la deuda de 17.104 millones de euros correspondientes al fondo de liquidez autonómica (FLA), una medida aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles pasado.
