La justicia ha archivado la querella que presentó Junts en abril de 2024 contra la empresa externa que investigó la denuncia de la exdiputada del partido Cristina Casol por acoso, presentada en el Parlamento de Cataluña.
Junts veía un delito de injurias en el contenido del que se hizo en aplicación del protocolo de la cámara catalana contra el acoso. En cambio, la resolución del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha concluido que el informe es preciso y que no hay ni «intencionalidad ofensiva» ni tampoco «trazas de influencia política».
El informe concluía que no hay hechos probados que determinen que Casol había sufrido discriminación, pero señalaba actitudes machistas en el grupo de Junts. Según el partido que lidera Carles Puigdemont, el informe que hizo la empresa es sesgado, sin fundamento y con conclusiones gravemente ofensivas. El partido alegaba que se habían vulnerado sus derechos sin poder defenderse y argumentaba que el informe, en el que apreciaba la existencia de una «intencionalidad política», debía ser confidencial.
Según el juzgado, sin embargo, el informe se hace eco de la denuncia recibida, la pone en contexto y trata de llegar a conclusiones «rigurosas» que puedan servir para superar situaciones «indeseables» a través de «mecanismos correctores eficaces». Asimismo, la resolución judicial añade que entender que esto puede ser injurioso conlleva «negar la esencia misma de la comisión de investigación y del protocolo».
Tras la investigación, Casol fue expulsada tanto del partido como del grupo parlamentario de Junts, pero no renunció a su escaño y acabó la legislatura como diputada no adscrita.
