El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles el decreto del gobierno catalán que fija multas por incumplir los topes de los precios de los alquileres. Según el acuerdo entre el ejecutivo socialista y Comuns, las sanciones pueden llegar hasta los 900.000 euros en los casos muy graves en los que se fije un precio de alquiler superior al 30% del índice de precios de referencia o en el caso de los alquileres de temporada fraudulentos. El pleno ha aprobado el texto con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP (70), y los votos en contra de Junts, Vox, PPC y AliançaCatalana (62), y se ha rechazado tramitarse como proyecto de ley.
Durante el debate parlamentario, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, SilviaPaneque, ha defendido que el decreto asegura el acceso asequible a la vivienda y ha subrayado que la ley permitirá atender a las personas y familias con más dificultades, así como incrementar el Parque de Vivienda para dar respuesta a la mayoría de la ciudadanía, sobre todo a la juventud. La también portavoz del Govern ha agradecido el apoyo de los comunes y ha tendido la mano a ERC para pedir su apoyo a la ley.
En cuanto a los grupos, la diputada de Junts y secretaria primera de la Mesa, GlòriaFreixa, ha calificado el régimen sancionador de «absolutamente desproporcionado», mientras que la portavoz de ERC, EsterCapella, ha dicho que el régimen es «necesario, pero insuficiente» y ha exigido «ambición y valentía» al ejecutivo que preside Salvador Illa.
Por parte del PPC, la diputada Àngels Esteller ha defendido los derechos de los propietarios a poner sus pisos a disposición de ser alquilados, y ha acusado al Govern de hacer «todo lo contrario». En la misma línea, la diputada de Vox MònicaLora ha afirmado que el decreto es un «nuevo experimento fallido» y «un nuevo capítulo del desastre».
La portavoz de Comuns, SusannaSegovia, ha insistido en que las sanciones del régimen son proporcionales, y que hay que cumplir la ley ya se sea propietario de una vivienda «o de 200», y la diputada de la CUP Laure Vega ha opinado que los partidos no pueden darse hoy «palmaditas en la espalda» para felicitarse por la aprobación de la ley, ya que tan solo se está estableciendo un mecanismo para que la norma sea «efectiva».
La líder del partido de extrema derecha Aliança Catalana, SílviaOrriols, ha apuntado que no se pueden garantizar los derechos de los inquilinos si se minan los derechos de los pequeños propietarios.
Régimen sancionador
El decreto, que modifica las leyes del derecho a la vivienda y del Código de consumo, establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas del alquiler. Así, fija como infracciones graves o muy graves establecer alquileres a precios superiores al máximo permitido en zonas de mercado residencial tensionado, así como omitir o falsear la finalidad de un contrato de arrendamiento.
El texto también contempla sanciones en el caso de la repercusión en el inquilino de gastos de gestión cuando no proceda, y si no se hace constar en las ofertas y los contratos el índice que corresponde a la vivienda o el precio del contrato anterior, así como la condición de gran tenedor de la propiedad, en su caso.
