El Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones formuladas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con las comisiones rogatorias enviadas a Irlanda para obtener información de Google y WhatsApp sobre su terminal. El magistrado instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, ha considerado que aceptarlas supondría dejar el caso «en manos de un juez extranjero», ya que éste valoraría el material y lo haría pasar por los criterios sujetos a su normativa. Además, ve «insuficiente» la invocación que hace la defensa de Ortiz de su derecho de defensa y sostiene que si atendiera la petición se haría según los términos que plantea sólo una de las partes.
El juez ha insistido en que aceptar lo que planteaba la defensa de Ortiz supondría «trasladar una parte del debate fuera de la presente causa» e implicaría que un tribunal extranjero «no dejara de supervisar» su labor. En este sentido, considera acertada la posición del Colegio de Abogados de Madrid, que aseguraba, según recoge la resolución, que la defensa quería «usar los mecanismos de cooperación internacional en materia judicial para generar una suerte de control de legalidad por autoridades judiciales extranjeras» y que defendía que sólo el Supremo es competente en la resolución de recursos contra resoluciones del magistrado instructor.
La defensa de Ortiz pedía que se comunicara a Eurojust, la agencia comunitaria para la cooperación judicial, que la resolución judicial del 20 de enero, por la que se acordaba entregar las comisiones rogatorias, no es firme y está recurrida y en apelación. El juez Hurtado defiende, sin embargo, que estos recursos no tienen efectos de suspensión y añade que si lo que se pretende es que se espere a su firmeza para tramitar lo acordado, «estaría suponiendo una dilación en el procedimiento que no debe ser tolerada».
Hurtado pidió a la Guardia Civil que intentase recuperar el contenido del WhatsApp y del correo electrónico personal de García Ortiz, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
