La reciente declaración de Donald Trump sobre «echar a los espías de la CIA» ha reavivado un debate peligroso: la posible privatización de los servicios de inteligencia en Estados Unidos. Más allá de la retórica conspirativa contra el llamado «Estado profundo», muchos analistas advierten que tras esta postura podría esconderse un objetivo más oscuro que sería transferir funciones críticas de seguridad nacional a empresas privadas, beneficiando a sus nuevos aliados y consolidando un modelo de capitalismo de amiguetes (o crony capitalism).
La privatización de la seguridad no es un fenómeno nuevo, ya corsarios y mercenarios han actuado en la historia en nombre de gobiernos. Pero un dato importante del Estado Social de Derecho es que la función de legitimidad de la fuerza queda reservada al Estado e, incluso, es de todo cuestionable que muchos casos la delegación de esta función en terceros privados sea del todo legítimo.
Nuestra cultura está muy imbuida de la cinematografía con teorías conspiranoicas, malvados de dentro de la CIA que atentan contra el estado, y otras imágenes que satisfacen nuestro tradicional descrédito respecto a estas organizaciones. Pero como bien dice Le Carré los servicios secretos tienen una vida más monótona y muy de analistas, o simplemente rutinas como vemos en la excelente serie Slow Horses con Gary Oldman.
Trump ha mantenido una relación conflictiva con agencias como la CIA y el FBI desde su presidencia (2017-2021), acusándolas de operar en su contra bajo intereses políticos. Su reciente llamamiento a «deshacerse de los espías» no es sólo un ataque a la institucionalidad, sino que podría interpretarse como un paso hacia la externalización de tareas de inteligencia. Durante su mandato, ya hubo indicios de esta tendencia con aumento de contratos con empresas militares privadas para operaciones encubiertas, desfinanciación selectiva de programas de contrainteligencia, abriendo espacio a alternativas privadas y nombramientos estratégicos de ejecución de defensa en puestos clave, como el exdirector de la CIA, Mike Pompeo, vinculado a contratistas como Raytheon.
La privatización de servicios de seguridad no es nueva (ejemplo: Blackwater en Irak), pero su expansión plantea graves riesgos como la opacidad y falta de rendición de cuentas operando sólo bajo intereses comerciales, sin supervisión democrática y contradiciendo unos de los principios claves de los modernos Estados Sociales.
Asimismo uno debe preguntarse quién garantiza que los datos recopilados no se utilicen para beneficio de accionistas o agendas políticas o que provoquen fragmentación de la seguridad la coordinación entre agencias públicas y empresas privadas que suele ser deficiente y con un grave riesgo de conflictos de intereses permanentes.
En este contexto los principales beneficiarios serían contratistas de defensa y tecnología como Palantir Technologies (vinculada a Peter Thiel, de PayPal).
En este contexto el crony capitalism – donde el poder político favorece a grupos económicos afines— podría encontrar en la privatización de la seguridad un filón lucrativo. Durante el gobierno de Trump, este fenómeno se manifestó en contratos millonarios a empresas leales, incluso sin licitaciones transparentes y puertas giratorias donde funcionarios públicos pasando a dirigir empresas contratistas, y viceversa.
Durante las administraciones de George W. Bush y Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos incrementó significativamente las transferencias de fondos a empresas del sector privado para temas de seguridad. Aunque no se dispone de cifras exactas que abarcan la totalidad de ambos mandatos, hay datos que ilustran esta tendencia y se calcula que en época de George W. Bush (2001-2009) se alcanzaron casi 4.000 millones de dólares anuales siendo Blackwater y DynCorp como grandes beneficiarios, según Democracy.org.
Con Trump se mantuvo y posiblemente incrementó la colaboración con empresas privadas en temas de seguridad. Por ejemplo, Palantir, obtuvo contratos por más de 1.400 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos durante la administración Trump.
Si las funciones de la CIA se fragmentan y subcontratan, estas dinámicas se agravarían, permitiendo que empresas con conexiones políticas accedan a información clasificada, fondos públicos y poder de influencia geopolítica.
La privatización de la seguridad y la inteligencia no sólo amenaza la eficacia contra amenazas externas, sino que erosiona el control ciudadano y politiza la seguridad nacional, creando monopolios de información, mediante actores con acceso a datos sensibles tendrían un poder desproporcionado.
En síntesis, la retórica de Trump contra la CIA debe leerse como parte de un proyecto más amplio: debilitar al público para fortalecer redes privadas de poder menoscabando la transparencia en contratos de seguridad, vulnerando los límites legales en la contratación y privatización de funciones críticas, y elusión de mecanismos que permitirían la investigación periodística independiente sobre vínculos entre políticos y contratistas.
El problema del mundo es que la seguridad no puede ser un negocio. Su privatización no sólo alimentaría el capitalismo de amiguetes, sino que pondría en aprietos y mate la seguridad de todos y las propias reglas del estado democrático de derecho.
