El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año de prisión a la que fue condenado el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, por revelación de secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Los datos fueron sustraídos de forma ilícita de un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por autores desconocidos, en una intervención que no contó con autorización judicial, y Pino ordenó incorporarlos a un lápiz de memoria y facilitárselos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigaba a la familia Pujol.
El Supremo ha desestimado los recursos presentados por Pino y la Fiscalía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impuso la condena, la cual incluye una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 2.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola.
En la sentencia ahora confirmada, el TSJM revocó la que dictó en primera instancia la Audiencia de Madrid, que había absuelto a Pino por considerar que su conducta, aunque alejada de una actuación profesional correcta, no merecía reproche penal.
El Supremo ha concluido ahora que no es admisible calificar de «meras irregularidades procedimentales o formales» la obtención de informaciones secretas, documentos y datos reservados que afectan al derecho fundamental a la intimidad de una persona, ni afirmar que la difusión y la entrega a terceros, como lo es un departamento policial que investiga su conducta, es un acto propio de la actividad profesional de un funcionario.
La resolución del alto tribunal subraya que la actuación de la policía debe someterse a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y no incorporar a la investigación policial las diligencias, las informaciones y las actuaciones realizadas con vulneración de derechos fundamentales.
Los hechos probados de la sentencia afirman que «en fecha no concretada y por autores desconocidos», se produjo la ilícita sustracción de los datos de intimidad personal, familiar, económica y societaria de Jordi Pujol Ferrusola, incluidos en numerosos documentos.
No está probado, según añaden los mismos hechos, que Pino participara en la fase de apoderamiento ilícito del material, sino que ordenó a personal de su secretaría que se grabara la información en un lápiz de memoria USB y dio instrucciones para que se entregara a la Comisaría General de Policía Judicial, de la que depende la UDEF.
