Densa e intensa comparecencia de Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), en la comisión parlamentaria de investigación del Congreso de Diputados sobre la llamada Operación Cataluña. Como ha manifestado ante los diputados, es la primera vez que se podía expresar abiertamente y en público sobre todas las sucias y brutales circunstancias que rodearon la liquidación de la BPA y de su filial Banco Madrid, ahora hará 10 años.
Ha narrado el calvario personal que ha vivido -22 meses en la cárcel de la Comella, seis meses de arresto domiciliario y todos sus bienes embargados- y el de los 700 trabajadores que, de la noche a la mañana, perdieron su trabajo, como consecuencia de una operación política-policial urdida en Madrid y que atacó los «derechos fundamentales» de todos ellos. También ha denunciado la escandalosa injerencia en la soberanía andorrana que hizo la policía patriótica montada por el exministro Jorge Fernández Díaz, en su objetivo de encontrar los supuestos 1.800 millones de euros que escondía la familia Pujol y las supuestas cuentas bancarias que tenían otros líderes independentistas.
Como se ha podido demostrar con posterioridad, estos 1.800 millones de euros de los Pujol eran una fabulación policial. También resultó falso que Artur Mas y Oriol Junqueras tuvieran cuentas en la BPA o en Banco Madrid. Pero esta rumorología fue suficiente para emprender una aparatosa y contundente actuación policial y judicial que comportó la destrucción de los dos bancos.
El informe del Sepblac
En su comparecencia, Joan Pau Miquel ha pedido a los diputados que, en virtud de sus prerrogativas, reclamen el informe que el Sepblac (el organismo español que lucha contra el blanqueo de capitales) envió a su homólogo norteamericano, el FinCEN, y que fue la excusa para provocar la intervención de la BPA y de Banco Madrid, el 10 de marzo del 2015. Según el exconsejero delegado del banco, este informe también está en poder del CNI y del servicio de información de la Guardia Civil.
Ya se sabe que este informe -que estaba trufado expresamente de manipulaciones y falsedades- lo libró personalmente el agente Basilio Sánchez Portillo, actual miembro del Estado Mayor de la Guardia Civil, al FinCEN. Joan Pau Miquel también ha reclamado que se hagan públicas las comunicaciones previas a la difusión de la notice del FinCEN que hubo entre el Sepblac y la Fiscalía Anticorrupción con las autoridades norteamericanas. En la preparación del «golpe de martillo» contra la BPA también tuvo una participación muy activa la entonces directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), Maria Cosan, colaboradora de confianza del FinCEN y, en la actualidad, protegida por Jordi Cinca en la CASS.
La filtración del pantallazo
En su intervención, Joan Pau Miquel ha dejado muy claro que los datos bancarios de algunos miembros de la familia Pujol, que publicó el diario El Mundo el 7 de julio del 2014, nunca fueron facilitados por él ni por nadie de la BPA a la policía española. Ha añadido que, a raíz de la publicación de esta noticia, encargó un informe «forensic» a KPMG que corroboró esta certeza.
De este modo, la pregunta clave sobre quién filtró el «pantallazo» con las cuentas de la familia Pujol, que provocó la posterior confesión del expresidente de la Generalitat, queda aclarada: la información salió del Andbank (antes, Banca Reig), que era el banco donde los miembros del clan Pujol guardaron su «botín» hasta el año 2012.
La visita de Mariano Rajoy
Joan Pau Miquel ha identificado a los funcionarios de policía que lo sometieron a acoso, coacciones y amenazas para que facilitara las cuentas de los Pujol y otros dirigentes independentistas: Bonifacio Díaz, Celestino Barroso y Marcelino Martín Blas (alias Félix Rodríguez). Pero está convencido, a partir de las grabaciones clandestinas que hizo el excomisario José Manuel Villarejo y que se han acabado haciendo públicas, que ellos eran los brazos ejecutores de una conspiración criminal que estaba dirigida desde mucho más arriba.
Para el exconsejero delegado de la BPA, está claro y ha quedado demostrado que el cerebro político y máximo responsable de esta operación fue el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero ha subido un peldaño más y ha señalado a la figura del expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy. Según él, la visita que Mariano Rajoy hizo a Andorra, a principios del año 2015, donde se entrevistó con el entonces jefe de Gobierno, Toni Martí, fue «determinante» para ejecutar, tres meses después, la intervención y liquidación del banco.
De momento, ha afirmado que no tiene pruebas concluyentes que apuntalen la culpabilidad de Mariano Rajoy, pero, de manera enigmática, ha dejado entrever que piensa que se acabarán obteniendo. En este sentido, ha lamentado los obstáculos que ponen las autoridades judiciales españolas para tramitar las comisiones rogatorias internacionales (CRI) contra los políticos y policías que figuran como imputados en la «querella andorrana», entre los cuales está Mariano Rajoy.
Nadie ha pedido perdón
A Joan Pau Miquel le duele especialmente que, después de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha sufrido, todavía no haya salido nadie a reconocer el error que se cometió con la BPA ni a pedir perdón por esta barrabasada, que ha marcado un antes y un después en la historia de Andorra. El diputado socialista Manuel Arribas ha manifestado su estupefacción porque las víctimas de la destrucción de la BPA y de Banco Madrid no hayan sido compensadas económicamente por todo el daño que se les infligió.
Por su parte, el diputado Gabriel Rufián, que ha intervenido en nombre del grupo de ERC, ha considerado gravísimo el testimonio que ha dado Joan Pau Miquel, víctima directa de la «guerra sucia» de la «policía patriótica». Según su criterio, la noticia de su intervención en el Congreso de los Diputados tendría que abrir el Telediario, para que la opinión pública española se enterara de la existencia y de los excesos de las «cloacas del Estado». Desgraciadamente, ha concluido, «esto no pasará».
A raíz de la intervención de Joan Pau Miquel, los diputados han acordado citar al expresidente español Mariano Rajoy y al exministro Jorge Fernández Díaz para que declaren el próximo 5 de marzo en la comisión de investigación.
