El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado admitir a trámite la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos interpuesta contra el magistrado instructor del caso Volhov, Joaquin Aguirre, recientemente jubilado, por parte del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado de ambos, Gonzalo Boye.
El tribunal, al igual que la Fiscalía, considera que, analizada la trazabilidad procesal de las actuaciones a las que se refiere la querella, no existe ningún elemento que permita hacer prosperar el escrito de los querellantes, difunde la ACN.
Así, la sala defiende que el incumplimiento del plazo máximo de instrucción o la apertura de numerosas piezas separadas ya fueron resueltos por la Audiencia de Barcelona, y considera que las decisiones de Aguirre, aunque podían ser equivocadas, no tenían el carácter prevaricador y penal que le quieren atribuir los querellantes.
En la querella, presentada en julio pasado, se decía que el magistrado «instrumentaliza la creación de piezas separadas con una finalidad ilegítima e ilícita, que no es otra que burlar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos».
«Por ahora ya se ha dictado un auto en el que 13 personas ilegalmente son investigadas y se encuentran a costa del arbitrio del querellado, sin ninguna posibilidad de defenderse y con graves expectativas de ver, aún más, mermados sus derechos constitucionales», indicaban los querellantes en el escrito, de 39 páginas.
Además, reclamaban que Aguirre declarara como investigado, y que comparecieran como testigos al letrado de la administración de justicia de su juzgado, un periodista y el autor de un libro sobre la supuesta trama rusa.
Por su parte, la Fiscalía sostenía que «el auto no puede considerarse ni siquiera de forma indiciaria una conducta prevaricadora del magistrado querellado», ni una «resolución injusta», sino que «responde a una opción jurídicamente aceptable y posible».
