La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido que se hagan «todos los esfuerzos posibles» con el fin de encontrar un espacio de diálogo y reflexión que permita llegar a una solución «de consenso» entre el vecindario de la Casa Orsola y los propietarios. De hecho, el síndic DavidBondia se ha ofrecido a hacer de mediador entre las dos partes para buscar este acuerdo «viable y realista».
Bondia también ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a proponer soluciones que, dentro de su marco competencial, preserven el derecho a la vivienda. Precisamente, este viernes está previsto el primer desahucio de un vecino de la Casa Orsola. Se trata de JosepTorrent, el primero de los inquilinos demandados por la propiedad (un fondo de inversión que compró el edificio en 2021).
«Somos un ejemplo de manual de lo que está pasando en esta ciudad y en el área metropolitana, donde fondos de inversión compran fincas enteras y las vacían de vecinos», ha afirmado Torrent en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Con el fin de evitar que se repitan situaciones como las de la Casa Orsola, el vecino ha pedido a los responsables políticos que garanticen una vivienda digna con medidas como limitar los alquileres de temporada o velar para que no haya pisos vacíos de grandes tenedores.
«Entiendo que el Ayuntamiento no puede comprar todos los edificios, pero hay medidas como limitar los alquileres de temporada; regular los de habitaciones; alargar los contratos o hacerlos indefinidos; bajar los precios; prohibir las compras especulativas y velar para que no haya pisos vacíos de bancos y fondos de inversión», ha señalado.
Torrent también ha explicado que ha recibido mensajes de personas que se encuentran en situaciones similares, a quienes les quedan pocos meses de contrato de alquiler, y que le han transmitido que «tienen miedo y están sufriendo». «Tener que marcharse de casa tiene repercusiones. Si tienen hijos, piensan en la escuela, que quizás tendrán que cambiar a medio curso. Eso es un drama», ha alertado.
Los vecinos explicaron su situación en diciembre de 2021, poco después de que el fondo LionessInversiones comprara el edificio, con un total de 27 viviendas en diferentes regímenes de alquiler. Cuando los vecinos recibieron la notificación de que no se les renovaría el contrato y vieron que la situación era generalizada, se pusieron en contacto con el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos) para organizarse y pedir una negociación colectiva con la propiedad.
«Al principio, cuando recibí el burofax, pensé que era yo solo, que había tenido mala suerte y que no habría nada que hacer, pero después hablé con otros vecinos y también lo habían recibido», ha recordado Torrent, a quien el contrato le acabó en 2022. A pesar de la negativa de la propiedad, ha seguido pagando las mensualidades, que se han depositado en los juzgados.
Algunos inquilinos se fueron tras recibir el burofax y estos son, ha dicho el vecino, «desahucios invisibles». Otros decidieron que no se irían, y Torrent ha sido el primero que ha ido a juicio de los cinco demandados.
Según indica el Sindicat de Llogateres, en la finca también hay ocho inquilinos con rentas antiguas, seis con contratos habituales vigentes, siete contratos de temporada y un piso vacío. Los vecinos con alquileres habituales denuncian que los contratos de temporada triplican los precios y que la propiedad pide «hasta 2.700 euros al mes».
El consistorio insta a la propiedad a «dialogar»
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha reiterado el llamamiento a la propiedad para que dialogue para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes, y ha dicho que hará las gestiones pertinentes para intentar contactar con ella de nuevo.
Fuentes municipales recuerdan que en 2021 el consistorio recibió el ofrecimiento de tanteo por la posible adquisición de la Casa Orsola, pero se desestimó por motivos técnicos y de viabilidad económica, ya que al precio de la compra se sumaba la rehabilitación de la finca y conllevaba el realojamiento temporal de los inquilinos. Además, en aquel momento, el Ayuntamiento había adquirido por tanteo y retracto cuatro fincas en L’Eixample y el objetivo es la compra en toda la ciudad y no concentrarla en un mismo distrito.
El papel del consistorio, explican, ha sido el de estudio y acompañamiento de los vecinos para evaluar la existencia de situaciones de vulnerabilidad que fueran susceptibles de alquiler social por parte de la propiedad. Sólo se pudo acreditar un caso de vulnerabilidad y la propiedad sí que ofreció una vivienda alternativa que fue rechazada por las personas arrendatarias, indican desde el consistorio.
Como la propiedad sigue con los procedimientos judiciales, el servicio municipal de vivienda está haciendo un seguimiento del caso y ha puesto a disposición de los vecinos el Servicio de Intervención y mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO). Servicios Sociales también está trabajando por si fuera necesario un realojamiento temporal.
Desde el Ayuntamiento aseguran que defienden la necesidad de recuperar las viviendas de la ciudad que no se están destinando a su uso principal, el residencial, que trabajan para reducir al máximo los desahucios en la ciudad y que instan a las diferentes instituciones a encontrar una solución para el fraude de los alquileres de temporada.
