Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, han desplegado un dispositivo a primera hora de este martes para desalojar el edificio de la Antiga Massana, en la capital catalana, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Al llegar, los agentes no han encontrado a nadie en el interior del inmueble, pero antidisturbios de la Guardia Urbana han cargado contra algunos de los manifestantes concentrados ante la Antiga Massana.
Decenas de personas estaban protestando delante de la línea policial, en la calle Jerusalén, uno de los accesos de la plaza de la Gardunya. Primero ha habido un forcejeo entre los manifestantes y los agentes, y después la Urbana ha dado golpes de porra y los ha hecho retroceder. En la zona se ha concentrado un centenar de personas, que hacen cánticos contra el desalojo y la actuación policial.
Los momentos de tensión y las cargas policiales se han ido repitiendo de vez en cuando en la entrada de las distintas calles que dan acceso en la plaza de la Gardunya y que la Urbana tenía cortadas. También los Mossos d’Esquadra han reforzado la zona y han hecho cargas.
La portavoz de la Antiga Massana y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, Ariadna Garcia, ha criticado el desalojo y ha asegurado que se ha hecho sin orden judicial. También ha asegurado que el operativo policial ha empezado a las 6 de la mañana para “evitar la confrontación y porque no pueden mirar a la cara a la gente que continuamente humillan y saquean”. Así, ha dicho que la Antiga Massana es una “pieza clave de la organización de la clase trabajadora de la ciudad” y “muestra que los espacios bajo control de la clase trabajadora pueden ofrecer vivienda y cultura gratuitas y universales, al contrario de su lógica de especulación y de empresarios”.
Garcia ha criticado al Ayuntamiento de Barcelona y específicamente su alcalde, JaumeCollboni, el PSC y el resto de partidos “de izquierdas o no” para “seguir ahogando la clase trabajadora para mantener los beneficios de especuladores y empresarios”. Además, ha negado que el centro social ocupado, donde no reside nadie, pero que acoge numerosas actividades culturales y sociales y es la sede de algunas entidades, genere criminalidad en el barrio.
El Ayuntamiento intentó desalojar el inmueble a mediados de octubre, pero no lo pudo hacer por la «resistencia pacífica» de las personas que había. Entonces solicitó una orden judicial para ejecutar el desalojo. Las personas que todavía había en el inmueble y los colectivos del Raval reclamaban el espacio para usos comunitarios.
