El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto con el que el Gobierno de España quería prolongar el gravamen temporal a las compañías energéticas y aplicarlo también durante el año 2025. La iniciativa, acordada en diciembre entre el ejecutivo y sus socios de izquierdas, ha caído con los 183 votos en contra que han sumado el PP, Vox, Junts y el PNV, formaciones que antes de acabar el año pasado ya se habían posicionado en contra de mantener el impuesto.
Pese a la decisión de la cámara baja de no prorrogar la tasa temporal durante este año, seguirá en marcha el grupo de trabajo que estudia cómo hacerla permanente y permitir que las haciendas forales del País Vasco y Navarra puedan gestionar sus ingresos.
En los últimos días la norma votada este miércoles ha constatado la división existente entre los socios de izquierdas del ejecutivo -Podemos, ERC y EH Bildu- y los partidos soberanistas de derechas -Junts y el PNV- que dieron apoyo al PSOE y Sumar en la investidura. De hecho, no es la primera vez que Junts y los nacionalistas vascos se alinean con el PP y Vox en temas económicos o de vivienda.
En este contexto, partidos como EH Bildu han acusado repetidamente al PNV de ceder a las exigencias de compañías como Repsol provocando pérdidas millonarias a la hacienda vasca. En el caso de Junts, consideran que el impuesto a las energéticas ponía en riesgo inversiones y puestos de trabajo del sector petroquímico de Tarragona.
Según datos facilitados por el gobierno español el pasado mes de septiembre, el impuesto especial a las energéticas permitió recaudar 1.164 millones en 2023, en su segundo año de aplicación.
