El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado este lunes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona como investigado por un presunto delito de estafa de 4.700.000 millones de euros, por el que se enfrenta a una pena de prisión de hasta 6 años. Laporta ha negado ninguna relación con los hechos y ha dicho que lo persiguen judicialmente a él en el marco de una campaña de desprestigio. Al salir, el presidente del Barça no ha hecho ninguna declaración a los medios sobre lo que ha dicho al juez. Según ha publicado Europa Press, Laporta ha declarado durante 45 minutos y ha respondido las preguntas de todas las partes.
Según se relata en la querella, los hechos ocurrieron en 2014 cuando los querellantes J.M.L. (en ese momento desocupado), su esposa I.M. (cocinera en un restaurante) y su hija D.L. (enfermera) fueron agraciados con un premio de la lotería primitiva por valor de 34 millones de euros. Fue entonces cuando decidieron adquirir un vehículo de alta gama.
Según se extrae de la misma querella, el comercial del concesionario, F.O., junto a su colaboradora profesional S. S., les propuso invertir en sociedades impulsadas por Laporta. En concreto, en CSSB Limited por un capital 2.400.000 euros por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. El contrato, que se hizo efectivo el 1 de noviembre de 2017, presentaba defecto de forma al estar redactado en inglés y sin firma legible, cuyas cláusulas iban claramente en perjuicio de los querellantes.
Esta actividad contó con el asesoramiento de Laporta, quien actuaba en nombre de CSSB Limited, pero también ejercía de abogado de los querellantes, garantizando así la solvencia de la inversión. Al tratarse de un personaje público, los querellantes confiaron en Laporta para llevar a cabo la citada inversión «aprovechándose de la falta de conocimientos financieros de los mandantes», según se expresa en el texto, e incluso fueron invitados en más de una ocasión por el presidente del FC Barcelona a asistir al palco del Camp Nou.
Todas las operaciones se realizaron por el agente intermediario S. S. para Bankinter. No obstante, transcurrido el plazo contractual, J.M.L. no ha percibido hasta la fecha la cantidad acordada. De hecho, como se especifica en la querella, con anterioridad a su interposición requirieron a varios de los querellados la oportunidad de devolver los importes defraudados, sin que ninguno de ellos mostrara voluntad alguna.
Además, de la documentación aportada se desprende que entre agosto de 2016 y agosto de 2018 el entramado organizado por Laporta llegó a obtener la cantidad de 4.700.000 euros.
Aunque el presidente del Barça no ha querido hacer declaraciones sobre la causa, su letrado, Jordi Pujante, sí que ha dicho que su cliente no tiene nada que ver con estas inversiones. El abogado prevé que el caso se archive pronto, porque “es evidente que no hay delito”, a pesar de que las inversiones no salieron como estaba previsto. En todo caso, ha dicho que Laporta desconocía las inversiones de la familia afectada y ha recordado que su firma no aparece en ningún documento. Además, considera que la inclusión de Laporta en la querella es por su notoriedad pública, y la vincula a una determinada campaña de desprestigio personal contra él.
Hace unos días, Laporta hizo un comunicado en el que decía que en ningún caso el bufete Laporta-Arbós convenció los querellados de utilizar este despacho para impulsar la inversión, puesto que esta ya estaba en marcha. “Estas informaciones sesgadas y sin veracidad son un nuevo episodio de linchamiento mediático para atentar contra el prestigio personal, la imagen y la reputación de Joan Laporta, pero una vez más, la verdad se impondrá a la infamia”, concluía el comunicado. Laporta está investigado en dos casos similares más en dos juzgados de Barcelona.
