El magistrado de la sala de lo penal de Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha pedido a Whatsapp y Google información sobre el teléfono y las cuentas de correo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tal y como ha detallado el alto tribunal este lunes, se ha dado este paso a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que quiere intentar recuperar la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en dos dispositivos móviles de García Ortiz, así como en una cuenta de correo electrónico. El fiscal general del Estado es investigado por un supuesto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Para conseguir la información requerida por la UCO, el juez ha ordenado que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios de Whatsapp y Google para que aporten todos los datos que tienen respecto de Álvaro García Ortiz. En la petición a Whatsapp solicita los mensajes recibidos o enviados, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.), las copias de seguridad de los chats y el registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
En cuanto a Google, el magistrado solicita los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats o archivos multimedia disponibles y el registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.
Por otro lado, acuerda que se haga una copia de trabajo del volcado de información completo correspondiente a un teléfono móvil del fiscal general del Estado, y autoriza que se haga un análisis para acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y conseguir la información que permita acceder a ellas. El instructor también autoriza a la UCO a conectarse a aquellos repositorios de información donde se puedan encontrar archivos susceptibles de contener la información de interés con el fin de proceder a su descarga, procesamiento y posterior análisis.
La decisión del Supremo llega después de que a principios de enero se pidiera a la UCO información sobre la posibilidad de recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería que pudieran haber existido relacionados con los números de telefonía móvil vinculados al fiscal general del Estado. Concretamente, se querían recopilar estos datos de entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
