La semana se cierra con la expectativa inesperada, que no imprevista, de una visita del presidente del Barça Joan Laporta el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona para declarar como investigado en un caso de estafa, una de las secuelas del escandaloso y ruinoso negocio que intentaron desarrollar en el Reus los mismos que ya dejaron tocado al Barça en 2010, con Rafael Yuste, Joan Oliver y Xavier Sala-i-Martin integrando un comando peligrosísimo para la integridad de cualquier club.
El mismo juzgado también instruye otra querella contra el presidente azulgrana, CSSB Limited y otros imputados por inversiones que prometieron una determinada rentabilidad y la devolución del capital que, según los denunciantes, fueron sistemáticamente incumplidas. En la causa por la que declarará el lunes la cantidad reclamada es de 2,4 millones, por una familia de Sant Cugat a la que unos meses antes le habían tocado 34 millones en La Primitiva.
La otra querella acumulada fue presentada también por un ciudadano que invirtió 50.000 dólares por 1.000 acciones de CSSB Limited sin haber obtenido después ninguna noticia ni documentación relativa a la sociedad ni el beneficio ofrecido. El querellante forma parte de otro núcleo familiar que en su día ya presentó una demanda por estafa contra Laporta, la primera de todas, que no llegó a juicio porque el presidente azulgrana y Joan Oliver propusieron un acuerdo económico entre las partes. Se da la circunstancia, sin embargo, que Laporta no ha hecho efectivo el pago de ese pacto para evitar los tribunales, lo que ha dado pie a otra querella.
Las reclamaciones se han activado después de que la Agencia Tributaria decidiera investigar posibles irregularidades fiscales de Core Store, empresa de la que Laporta fue administrador solidario y accionista en 2011 y 2019, la sociedad que compró y administró el Reus, así como su posible vinculación con CSSB Limited, que fue el brazo inversor del Reus en la compra de un club de fútbol chino que, como lo vendieron Laporta y compañía, iba a ser el negocio del siglo.
Este paso al frente de Hacienda ha forzado, por otra parte, la reapertura de otra querella por estafa presentada por el tenista Albert Ramos, también inversor de CSSB Limited, en la que Laporta fue citado para declarar inicialmente como testigo. El tenista invirtió a finales de 2016 un total de 100.000 dólares en la citada sociedad, un préstamo a cambio de un interés atractivo finalmente incumplido.
Los querellantes de la causa por la que declarará el lunes sostienen, según diferentes medios, que “la inversión contó con el asesoramiento de Joan Laporta, quien actuaba en nombre de CSSB Limited, pero también ejercía de abogado de los querellantes, garantizando así la solvencia de la inversión». Al tratarse de un personaje público, los querellantes confiaron en Laporta para llevar a cabo la citada inversión “aprovechándose de la falta de conocimientos financieros de los mandantes”, según se expresa en el texto. Incluso fueron invitados en más de una ocasión por el presidente del FC Barcelona a asistir al palco del Camp Nou. Esta afirmación supondría otra clara evidencia de que Laporta se sirve del Barça para sus intereses particulares, muy especialmente del palco para cerrar operaciones.
Por otro lado, aprovechando la autoempatía y el autobombo que Laporta se ha dado esta semana triunfal, que dentro de unos meses habrá que rescatar de las hemerotecas, ha trascendido como se esperaba el relevo del auditor, Grant Thornton, la firma que selló su pena capital el día que no tragó con la imposición de Laporta de mantener el valor de Bridgeburg Invest (Barça Vision) en los 408 millones contablemente admitidos un año antes, en el cierre del 2023, también en el 2024. Su criterio era el de actualizarlo a su auténtica cuantía, cero euros, motivo por el que le atribuyó 141 millones de pérdidas por los impagos y le exigió reducir a la nada el valor de equivalencia de 208 millones que se había dado Laporta, con permiso de Grant Thornton, en 2023.
La batalla contable acabó con una salvedad del auditor que Laporta consiguió eludir en la asamblea, convenciendo telemáticamente a los socios -o sea, sin ninguna garantía democrática- de que las conclusiones de Grant Thornton eran una majadería. Le va a suplir Crowe Global, un auditor con sede central en Nueva York con el que Laporta ya habrá pactado, seguro, la fórmula para mantener intacto, al menos, el valor actual en los libros de la compañía. Lo hará explicando otro cuento de los suyos.
Finalmente, para complacer a los medios y los palmeros digitales del laportismo, que siguen creyendo en las bravatas y promesas de Laporta, el FC Barcelona emitió ayer una nota sobre la comercialización de los asientos VIP en la que, para decepción de los ingenuos que se creyeron que ese negocio se explicaría y justificaría con todo detalle, se dio oficialidad al amparo de la confidencialidad para no identificar a los inversores. Es decir, dando oficialidad a otra operación opaca y sospechosa. ¿Por qué?
La respuesta correcta en el mundo de Laporta siempre es la que más se aproxima a la comisión, por su parte, de otra chapuza financiera que solo es cuestión de meses que produzca nuevas pérdidas.