El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado aceptar la recusación del magistrado conservador José María Macías sobre la ley de amnistía, de manera que no podrá participar de las deliberaciones ni las votaciones sobre los recursos contra la ley. Con la exclusión del juez, el sector conservador queda formado por cuatro magistrados, frente a los seis progresistas.
El pleno ha adoptado la decisión a petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los magistrados progresistas consideran que la participación de Macías en la elaboración del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ley de amnistía cuando era vocal del órgano compromete su imparcialidad. El resto de miembros del sector conservador, en cambio, han anunciado un voto particular contra esta decisión.
El auto del pleno del TC, redactado por la progresista Inmaculada Montalbán, concluye que es «inevitable» calificar la participación de Macías en la elaboración y aprobación del informe del CGPJ del 21 de marzo de 2024 como una «participación directa o indirecta en la cuestión objeto de pleito y causa». Según la mayoría progresista, queda claro que como vocal del CGPJ «tuvo conocimiento del objeto del litigio» y formó criterio «en detrimento de la debida imparcialidad».
Además, el auto recuerda que el informe del CGPJ en el que participó Macías fue solicitado por la Mesa del Senado y sirvió de base para el veto aprobado por la cámara alta contra la ley, y también destaca que hay una proximidad clara entre el contenido del documento y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. Estos supuestos, continúa el auto, encajan con las causas que justifican la recusación que pidió el fiscal general del Estado.
Macías era el magistrado encargado de redactar la ponencia sobre el recurso del PP contra la ley de amnistía. Una vez apartado, previsiblemente la redacción de la sentencia pasará a manos de la magistrada progresista LauraDíez.
Varias peticiones de recusación
Macías es el segundo magistrado que queda fuera de las deliberaciones. El primero fue el exministro socialista Juan Carlos Campo, que en septiembre del año pasado pidió voluntariamente su abstención. Campo, encargado de los indultos cuando era ministro, se había pronunciado en contra de la constitucionalidad de la amnistía. Previamente, el TC ha rechazado otras recusaciones como las del PP contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la también progresista Díez.
El TC cierra de esta manera las deliberaciones sobre las recusaciones. En total se habían presentado 54: 27 del PP y las comunidades autónomas donde gobierna contra los progresistas Conde-Pumpido, Campo y Díez, y 27 más de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, así como del abogado Gonzalo Boye en representación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, contra Macías.
Una vez superado el debate sobre las recusaciones, el Constitucional ya puede iniciar el análisis de la ley de amnistía. Fuentes del tribunal apuntan que es posible emitir una sentencia en un plazo de aproximadamente seis meses. Primero, el TC resolverá la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, y después los recursos del PP y las comunidades autónomas donde gobierna.
