El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes la actuación de los agentes de la Policía Nacional que se infiltraron en movimientos sociales en Girona, Barcelona y la Comunidad Valenciana, como destapó La Directa, y ha afirmado que los cuerpos policiales españoles actúan siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico en las tareas de «prevención» y «respuesta» a posibles «hechos delictivos». Todas las operaciones, según el ministro, se llevan a cabo «en estricto cumplimiento de la ley».
Preguntado por el asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha reiterado que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos» cuando ejecutan sus tareas, en el marco del artículo 104 de la Constitución española.
Las explicaciones, sin embargo, no convencen a las fuerzas independentistas y tampoco a los comunes. ERC ha registrado este lunes una batería de preguntas por escrito al ejecutivo, mientras que Junts y Comuns están trabajando en sus iniciativas sobre la cuestión.
En su escrito, ERC reclama al gobierno español que emita una valoración sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en el espionaje e infiltración dentro de los movimientos sociales y sobre el uso de relaciones sexoafectivas para obtener información. Pregunta, además, si las infiltraciones destapadas constituyen un «abuso», cómo piensa reparar los daños físicos, psicológicos y de cualquier otro tipo infligidos a los investigados y a su entorno, y qué medidas piensa adoptar para garantizar la protección de los derechos y libertades de las víctimas de infiltraciones por parte de las fuerzas de seguridad.
