Lo que verdaderamente está en juego, más allá de la trascendencia de que un futbolista internacional como Dani Olmo pueda seguir jugando en el Barça y del ruido mediático que ha producido y que sin duda provocará todavía el caso, radica en si LaLiga y la RFEF, pero especialmente el organismo que preside Javier Tebas -no hay que olvidarlo- por voluntad de los clubs, entre ellos el FC Barcelona, está legitimado para actuar como el principal y puede decirse único regulador del fútbol español en categorías profesionales. La RFEF sigue siendo la organizadora de las competiciones desde el punto de vista deportivo y la patronal de clubs la que, también por expreso deseo del Gobierno de España que le ha concedido esa plena responsabilidad, es quien regula, fiscaliza e impone unas normas de actuación económica y financiera que, aceptadas por los clubs en asamblea, tienen como finalidad mantener las reglas del juego iguales para todos en esta materia.
LaLiga fue creada para afrontar y frenar de una vez por todas las ruinosas gestiones de presidentes y directivas más populistas que otra cosa cuyo paso fugaz por los clubs lo abocaba a su desaparición. Históricos como Málaga, Santander, Granada, Oviedo o Burgos dejaron de existir y si han renacido ha sido partiendo desde cero. Otros clubs como Zaragoza o Deportivo, por ejemplo, aún están pagando ese tipo de desmanes mientras que Espanyol o Valencia aún arrastran deudas y situaciones de precariedad.
Gracias a que LaLiga fue estableciendo una normativa inflexible y, en muchos casos, casi de intervención una mayoría de los clubs de Primera y Segunda pudieron sobrevivir a una desaparición segura por culpa de las deudas contraídas principalmente con Hacienda y Seguridad Social. Si se hubieran ejecutado en su día hoy no existiría competiciones nacionales de fútbol y de baloncesto.
LaLiga, en definitiva, ha ido conquistando crédito y confianza hasta negociar en bloque la venta de los derechos de TV del torneo y aplicando una cuota de reparto que, con permiso del Barcelona y del Real Madrid, está siendo satisfactoria y creciente en los últimos años.
Joan Laporta sabe muy bien cómo actúa LaLiga porque precisamente derivada de su mala gestión del Reus, pues nadie puede ignorar que detrás de la figura de Joan Oliver, su ex director general de los dos últimos años de su primer mandato, estaba la banda de los cuatro que ya dejaron al Barça endeudado y arruinado como nunca al Barça en 2010, el referido Oliver, además de Laporta, Rafael Yuste y Xavier Sala Martín.
Hoy en día, en aplicación del convenio de coordinación firmado con la RFEF, que se acaba de prorrogar hasta junio de 2029, las competencias para otorgar las licencias de jugadores de Primera División de Fútbol en España recaen principalmente en LaLiga, que es la responsable de tramitar, despachar e inscribir provisionalmente las licencias de los jugadores profesionales. Además, LaLiga verifica los requisitos económicos y administrativos antes de que la RFEF emita la licencia definitiva. La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, solo puede ratificar las licencias que previamente hayan sido autorizadas por la Liga Profesional Española.
En resumen, la patronal fija los requisitos económicos y visa la licencia que finalmente emite el estamento federativo. Las competencias de LaLiga, según dicho convenio, son las siguientes: descripción de los contenidos y formas de contratación de los jugadores y profesionales, la tramitación, despacho e inscripción provisional de licencias de jugadores profesionales, la determinación de los períodos de inscripción de las licencias de los jugadores profesionales y la alineación de jugadores profesionales en la competición profesional, e interrelación entre los clubes y sus filiales o dependientes.
Además, en el artículo 15º del propio convenio relativo a las normas de inscripción de los jugadores literalmente recoge que “LaLiga y la RFEF, en sus respectivas competiciones, respetarán las normas de inscripción de jugadores vigentes en las mismas. No se otorgará ninguna licencia sin la previa comprobación del cumplimiento de dichas normas. LaLiga y la RFEF se comprometen a establecer un único mecanismo informático de inscripción de jugadores en la competición profesional en el que LaLiga deberá visar las licencias de los clubes con carácter previo e imprescindible a su emisión definitiva por parte de la RFEF”. Solo en caso de que hubiera conflicto entre las partes a la hora de la validez de una licencia ya sea provisional o definitiva, “el órgano competente para resolver será el CSD”.
LaLiga y la RFEF aplican este convenio a través de la que se denomina Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, órgano que otorga la eficiencia debida y la coordinación necesaria a este modelo de gestión sólido y satisfactorio para todas las partes hasta ahora.
De hecho, no ha habido discrepancias por su parte en el caso Olmo y Pau Víctor, en el que LaLiga, conocida la vigencia de la inscripción provisional de ambos jugadores hasta el 31 de diciembre, procedió a comunicar y argumentar a la RFEF su desadscripción por falta de margen salarial.
Ha sido después el CSD el que ha decidido cautelarmente dejar sin efecto esta decisión apelando a que esa Comisión de Seguimiento no es directamente responsable de las inscripciones.
Faltan las alegaciones de ambos organismos ante el CSD, que no fueron requeridas antes de la otorgación de la cautelar a pesar de que la propia ministra de la que cuelga el CSD, Pilar Alegría, horas antes aseguraba que no se tomaría ninguna decisión sin antes escuchar a todas las partes, circunstancia que redunda en el carácter político de la decisión.
La pregunta que ahora se ha quedado sin respuesta paralelamente a esta crisis es la siguiente: ¿Si LaLiga y la RFEF no son después de todo las responsables de extender y autorizar las licencias en aplicación de las normativas de control económico exigidas por el propio Gobierno, entonces quién lo es, a quién deben recurrir los clubs a partir de ahora?
Los clubs, no sin motivo, han ido emitiendo notas de protesta y de disconformidad porque esa cautelar, si progresa favorablemente a una ratificación de las inscripciones, hará que todos los principios sobre los que se sustenta el fútbol español, ahora que sale de ese largo túnel de la deuda y de la superación de la Covid, se derrumben.
Todos los clubs, sin embargo, no están en contra, pues el Real Madrid ha pasado de puntillas y el Reus, porque desapareció en plena competición, no ha llegado a tiempo de poder expresar una opinión, claro.