Joan Laporta remató anoche en Arabia Saudí, en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, una jornada difícilmente olvidable y reparable para el fútbol español y el Barça por la carga absolutamente política de una decisión que hoy parece salvar a Laporta. En realidad, sin embargo, no hace otra cosa que condenar al FC Barcelona a una profundidad de la que probablemente no pueda salir a flote cuando, en algún momento, la turbulencia de la maniobra deje ver con claridad la verdadera naturaleza de la actuación del Gobierno de España y, a la larga, qué consecuencias representará para el Barça este respaldo político a las atrocidades y las barbaridades de un presidente como Joan Laporta, al que solo le faltaba sentirse impune y capaz de atropellar las reglas del juego de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Lo que hizo ayer el Consejo Superior de Deportes (CSD), por orden directa de Pedro Sánchez desde la Moncloa, fue anunciar esperpénticamente la anulación de la denegación de las licencias de Dani Olmo y de Pau Víctor en una decisión unilateral que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol ya han anunciado que recurrirán porque previamente no se ha dado traslado a las partes y, por tanto, fue adoptada sin posibilidad de que ambos organismos pudieran presentar alegaciones.
LaLiga presidida por Javier Tebas fue la que reaccionó anoche más rápidamente, entre confusa y atónita por lo que solo puede interpretarse desde su organismo como una injerencia de la política en el deporte sin precedentes y pisoteando la normativa de una federación tan importante como la del fútbol español.
A falta de argumentos, el propio CSD añadió a la resolución de la cautelar que, de este modo, se protegían los intereses de la selección, un disparate legal que, desde luego, suena a provocación y que da alas al resto de los clubs españoles para que, en adelante, puedan solventar cualquier problema de inscripción a través de presiones a un órgano como el Consejo Superior de Deportes, especialmente sensible a la influencia de poderes fácticos. En este caso, como ya ha trascendido, de los más altos dirigentes políticos de Cataluña como resultado de una comunión de intereses tanto del gobierno de la Generalitat como del resto de las fuerzas soberanistas, que hasta la fecha también han sostenido el laportismo en ese modelo dictatorial y autoritario en el ámbito interno de la gestión social.
Sorprendentemente, ayer mismo al mediodía, la propia ministra portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, había asegurado que el Consejo Superior de Deportes, a propósito de la solicitud del FC Barcelona, firmada también por los dos futbolistas afectados, la «está estudiando. De hecho, he visto ya alguna noticia, alguna información, que lo daban por cerrado. Y lo cierto y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona. Porque, además, tendremos que pedir alegaciones tanto a LaLiga como a la RFEF para poder dar una respuesta. Tenemos un plazo, estamos hablando de una petición de 52 folios que, además, llevaba adjuntos más de 60 documentos, con lo cual no es un trabajo nada tedioso».
Pedro Sánchez no pudo dejar más en evidencia, y en ridículo, a su propia ministra, ordenando la suspensión del acuerdo adoptado por LaLiga y por la Federación Española a pocos minutos de la semifinal de la Supercopa entre el Barça y el Athletic sin aparentar siquiera que el CSD se tomaba la molestia de disimular ese decretazo reclamando y estudiando antes las alegaciones previas de los organismos reguladores del fútbol español. Pedro Sánchez no pudo elegir un día más señalado que el de la jornada inaugural de los actos de celebración del cincuentenario de la muerte de Franco, ni exhibir un ejercicio de abuso del poder más totalitario.
En ese clima de horas dedicadas a revivir los tiempos de la dictadura, Laporta, que no solo ha estado casi siempre excedido en los temas de fair play y que también abraza los excesos en otros ámbitos de la vida, ensució aún más esa imagen azulgrana de ganar al estilo del Real Madrid con la ayuda del Gobierno con el lamentable espectáculo de proferir insultos («Hijos de puta» y «Sinvergüenzas»), dirigidos a los miembros de la Federación Española presentes en el palco del King Abdullah Sport City tras irrumpir pegando patadas al mobiliario después de celebrarlo en la intimidad con un corte de mangas dedicado, parece, a quienes desde el entorno del propio barcelonismo han pedido su dimisión.
Fue una reacción de Laporta a lo Rubiales, también amigo de Laporta y otro protegido de Pedro Sánchez que al final de todo acabó cayendo también con una actuación polémica y zigzagueante del Consejo Superior de Deportes, el brazo armado de la Moncloa al servicio de las componendas que, en esta caso, se trae el presidente del Gobierno para mantener Cataluña bajo su control.
Lo celebró como una gran victoria después de tantos meses de arrastrar la inscripción de Dani Olmo, que, en todo caso, seguirá siendo provisional hasta que el CSD adopte una resolución definitiva o LaLiga fuerce otra medida en virtud del análisis legal de la maniobra gubernamental y del recorrido que pueda tener un recurso ante el propio CSD.
De las consecuencias de esta cacicada gubernamental, seguramente sea el Barça el que, a la larga, salga perdiendo más en la misma proporción que cuanto más poder atesora Laporta y más impune se siente para realizar negocios y administrar comisiones, peor le va al club.
