Muerto y casi enterrado. Así está el Consell de la República, un órgano creado por Puigdemont para financiarse durante su huida y que debía ser el «Gobierno catalán en el exilio» y la voz de una Cataluña supuestamente reprimida por el Estado español. En lugar de ejercer esta función, ha resultado ser un desperdicio, uno de los escándalos económico-políticos más grandes de los últimos tiempos.
La pregunta más planteada en las últimas semanas entre los independentistas es cuánto dinero pasó por el Consell de la República y en qué se gastó. De rebote, la mala situación del Consell y los sucesivos escándalos amenazan a Carles Puigdemont, presidente de este órgano desde su creación hasta hace justo un mes.
Las disensiones internas en el Consell de la República comenzaron en 2023, cuando muchos activistas comenzaron a pedir aclaraciones sobre el dinero que movía la entidad. Nunca se hizo ninguna aclaración y el tema acabó con un cisma interno y los primeros desencantos entre el activismo independentista.
Los primeros síntomas del conflicto interno ya apuntaban entonces a Toni Comín y a sus maneras poco democráticas de tomar decisiones y de llevar las riendas de la entidad. En aquel momento, el Consell había caído en «una deriva autoritaria con una estructura piramidal y autocrática». Acusaron a la cúpula del Consell de vivir con todos los lujos, de gastar el dinero a espuertas en «caterings de lujo, mobiliario ostentoso excesivamente logotipado y emisiones televisivas con una producción de gran escala».
La respuesta de Puigdemont a las críticas fue suprimir por decreto la Asamblea de Representantes, a la que debía rendir cuentas el gobierno del Consell de la República. Así, muerto el organismo fiscalizador, los dirigentes del Consell podían seguir recibiendo y gastando el dinero como les viniera en gana.
Pero en 2024 afloró el descubrimiento de que el vicepresidente de la entidad, Comín, había pasado gastos personales de sus vacaciones al Consell. Los peores fantasmas se le volvían a aparecer a Carles Puigdemont. La negativa del gerente, Sergi Miquel, de abonarle algunas de las facturas de abril de 2023 (los gastos de las vacaciones de Semana Santa de Toni Comín y su hija que quería que le abonara el Consell y que subían a 4.876 euros) provocó un duro enfrentamiento entre ambos, que se saldó con la salida de Sergi Miquel de la entidad, de manera que Toni Comín se quedó como único controlador del Consell.
En medio del intenso debate y las duras críticas de una parte del activismo, ni Puigdemont ni Comín presentaron nunca las cuentas de ingresos y gastos, tal y como habían prometido reiteradamente. Los principios de «espíritu, autoexigencia, aspiración, excelencia y rigor» que pregonaba el Consell en su portal se han incumplido día a día.
Nunca hubo excelencia en su gestión, y el único rigor fue el de los gastos que hicieron desaparecer los millones de euros que han pasado por sus cuentas. Tanta es la opacidad que de su portal fue eliminado el apartado de transparencia, donde tan solo se habían consignado porcentajes de gastos (personal, cuestiones jurídicas, infraestructura y exilio, acciones y proyectos, comunicación…), pero nunca se había volcado ninguna cifra.
¿Dónde está el dinero?
El escamado activismo soberanista ya empieza a desconfiar también de Carles Puigdemont, aunque sólo sea por inacción ante los supuestos excesos de los que se acusa a Comín: ni más ni menos que hacerse pagar 15.530 euros de gastos propios por el Consell. El escándalo es mayúsculo y a la crisis económica que atraviesa la entidad debido a la bajada de las aportaciones se añade el descrédito de puertas afuera.
«Hay que ser una auténtica rata miserable para coger la donación del padrino Josep o de la tía Remei ganando el sueldo que ganaba. Pero mucho. Estos son nuestros héroes», llegó a escribir el letrado Lluís Gibert en un mensaje que fue retuiteado 24.000 veces y que iba acompañado de la cara de Toni Comín y el salario que ganaba como eurodiputado: 124.529,16 euros anuales.
El CADCI también ha tomado parte en el coro crítico: «‘Consell pel Robatori’. El entorno de Puigdemont se esfuerza en buscar excusas para justificar el fraude de millones de euros de donaciones en lujos, fiestas y vacaciones a cargo de los supuestos exiliados», denuncia este histórico colectivo.
Las responsabilidades ahora empiezan a socializarse dentro del propio Consell. Algunas plataformas cívicas y determinados activistas piden una auditoría que haga salir a la luz todos los ingresos y gastos y que ponga la lupa en todos los responsables del Consell.
No hay compasión con Puigdemont en los foros donde antes se le idolatraba. Uno de ellos estalló este mes de diciembre contra el presidente de Junts: «No olvidemos que como responsable máximo del Consell de la República estaba el Muy Honorable Presidente Carles Puigdemont, seguido de todo un gobierno que aprobaba las decisiones. Él tendrá que dar cuentas si quiere ser creíble en Junts. Como el resto del gobierno, si quiere optar a la credibilidad el resto de sus días. La pregunta ya se hace sola: si el Consell ha acabado así, ¿cómo acabaría una Generalitat presidida de nuevo por él?».
Los independentistas acérrimos están muy dolidos con el antiguo líder del Consell y ahora piden, por primera vez, responsabilidades al expresidente, despojados ya de la actitud de sumisión y de reverencia total hacia su persona. «Puigdemont y sus gobiernos tendrán que dar cuentas del disfraz del Consell de la República», avisan desde la plataforma La Resistencia, hasta ahora fiel puigdemontista. «De la misma manera, también lo tendrán que hacer todos los cargos intermedios que han filtrado, cortado o desvirtuado toda la comunicación hacia los consejos locales y, sobre todo, a los inscritos o asociados».
Los militantes que confiaron alguna vez en el Consell y en sus gestores piden ahora conocer dónde fueron a parar las cuantiosas donaciones efectuadas desde 2017, que debían servir para pagar fianzas y procesos judiciales, tanto de Puigdemont como del resto de exiliados, así como de activistas encausados por varias razones dentro de Cataluña.
Uno de los últimos embrollos que atribuyen a Comín es haber desviado los fondos recaudados mediante donaciones para ayudar a la defensa jurídica de los mossos cesados por haber ayudado a escapar a Puigdemont el 8 de agosto pasado. Según denuncian desde algunos ámbitos, este dinero fue enviado a la Asociación Cultural de la República Global (ACRG) que Comín controla y que hace de contrapeso a la junta gestora nombrada este mes de noviembre tras la dimisión de Puigdemont como presidente del Consell.
El dinero sirvió para pagar casi 29.000 euros de facturas pendientes, en lugar de ser destinado a los agentes para los que se habían pedido, y ello ha agravado aún más la situación interna. El grito que se extiende por las redes sociales es: «¿Dónde está el dinero para los represaliados? ¿Qué hemos hecho para sufrir esto?».
CatGlobal, la entidad belga que cubre jurídicamente al Consell de la República y a través de la cual llega el dinero a la entidad, emitió un comunicado en el que destaca que «desde el consejo de administración de CatGlobal consideramos muy grave que se hayan desviado las donaciones hacia un pago que no ha sido aprobado según las normas establecidas durante la auditoría, ni se haya informado a nadie».
Desde CatGlobal se ha tachado la actitud de Comín de «ignominiosa», y denuncian que por culpa de la disposición de ese dinero por parte del exvicepresidente, el Consell se quedó sin dinero para pagar los salarios. «Era dinero que la gente dio para la financiación del acto de retorno [de Puigdemont, en agosto pasado] y por solidaridad con los mossos d’esquadra», se quejan desde CatGlobal.
Hay sectores malpensados que ven en las peticiones de cuentas a Puigdemont una retorcida maniobra de un sector de Junts que quiere beneficiar a Jordi Turull ante Carles Puigdemont, pese a que el secretario general del partido no ha participado en ninguna conspiración contra el líder juntero. Pero sí una camarilla que no ve con buen ojo que Puigdemont esté al frente del partido.
«Consideran que es un personaje demasiado oscuro, que no cumple nunca su palabra y que impide que Junts pueda volver a la centralidad y a ser el palo de pajar del movimiento independentista», argumenta un dirigente de JxCat.
Roger Español, lesionado de un ojo durante el 1-O y fichado por Junts, que no obtuvo acta de diputado, situó en su lugar justo la realidad. Aprovechando que la Audiencia decidió archivar la Operación Volhov (la trama rusa) que había instruido el magistrado Joaquín Aguirre, lanzó por las redes una frase con una irónica carga de profundidad: «¿Ahora ya podemos ir a hacer de James Bond por Europa?… Ah, no, que ya no tenemos ni el Consell».
