La injerencia del Kremlin en la soberanía democrática de los países de la Unión Europea (UE), para sembrar el caos y sabotear el proceso de construcción e integración comunitaria, está sobradamente demostrada. Los últimos casos detectados y denunciados han sido en las elecciones de Rumanía y Moldavia, donde la “guerra híbrida” desplegada desde Moscú a favor de los candidatos prorrusos ha estado a punto de tener éxito.
Por lo que se ha ido sabiendo con posterioridad, el resultado del referéndum del Brexit del año 2016 también estuvo influido y condicionado por la inteligencia rusa, a través de una masiva acción de manipulación a través de las redes sociales y con financiación de la campaña a favor de la ruptura con la UE. Ahora, el primer ministro laborista Keir Starmer intenta rehacer los puentes rotos con el continente, a la vez que el milmillonario Elon Musk ha comprometido su apoyo a Nigel Farage, el líder populista que promovió el Brexit.
Cataluña también ha sido objeto de esta injerencia del Kremlin durante el proceso independentista y los indicios y pruebas que hay son irrefutables: las visitas de Víctor Terradellas y Josep Lluís Alay a Moscú para recabar apoyos a la causa secesionista; la presencia frecuente de emisarios y de espías rusos en Barcelona, con acceso directo al Palau de la Generalitat; la generosa cobertura mediática de medios de comunicación controlados por Vladímir Putin, como Russia Today, Sputnik TV o KonsomolskayaPravda, al ex-presidente Carles Puigdemont…
El juez Joaquín Aguirre ha investigado en profundidad esta trama rusa del proceso, pero ahora la Audiencia de Barcelona ha considerado que no había para tanto, que estas conexiones y reuniones eran intentos que no tuvieron ninguna concreción y, en consecuencia, ha decidido archivar el llamado caso Volhov. Este carpetazo ha coincidido, además, con la jubilación del incisivo juez Joaquín Aguirre.
Esta sorprendente decisión de la Audiencia de Barcelona me recuerda la que adoptó este mismo órgano jurisdiccional en 1986, cuando exculpó al entonces presidente Jordi Pujol por la quiebra de Banca Catalana, a pesar de que la rigurosa investigación dirigida por los valientes fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena lo había señalado como máximo responsable del descalabro de este grupo financiero, que provocó la ruina de sus accionistas. Al resultar exonerado Jordi Pujol, todo el resto de imputados también lo fueron.
Así se escribe la historia de Cataluña. La Audiencia de Barcelona, en una sentencia que tenía más de política que de judicial, desvinculó a Jordi Pujol de la crisis de Banca Catalana y esto permitió que continuara presidiendo la Generalitat hasta el año 2003, gracias al control que ejercía sobre la práctica totalidad de los medios de comunicación y los resortes de la sociedad civil. Los poderes del Estado -en aquel momento, gobernaba Felipe González– pensaron que era mejor mantener a Jordi Pujol en la presidencia de Cataluña para apaciguar el “problema catalán”… y después pasó lo que pasó.
Cuando a CiU le convino, no tuvo ningún problema en dejar caer al PSOE y pactar con el PP de José María Aznar. Debemos tenerlo siempre muy presente: desde la óptica nacionalista/independentista su gran adversario y, muchas veces, enemigo son los socialistas. Unos y otros representan dos modelos diferentes sobre el presente y el futuro de Cataluña y los nacionalistas/independentistas nunca han digerido la pluralidad cultural, lingüística y política del país.
Jordi Pujol quedó limpio de la quiebra de Banca Catalana y, de este modo, pudo sacar adelante su perverso “Plan de nacionalización”. El año 2012, su sucesor, Artur Mas, puso la directa hacia la independencia, que culminó fugazmente Carles Puigdemont el 2017, provocando, de manera irresponsable, una gravísima y traumática división de la sociedad catalana y una huída masiva de capitales y de empresas, entre las cuales las más importantes (CaixaBank, su grupo industrial y Banco Sabadell).
El fehaciente analfabetismo político de Carles Puigdemont lo llevó a autorizar y a entablar personalmente una serie de contactos y negociaciones con emisarios rusos, en los cuales tuvieron un protagonismo destacado Víctor Terradelles (responsable de relaciones internacionales de CDC), Josep Lluís Alay y su abogado de cabecera, Gonzalo Boye. El objetivo era doble: garantizar el reconocimiento de Moscú a la futura República catalana y conseguir apoyo material y financiero de Rusia para mantener la independencia.
Se puede criticar la instrucción dirigida por el juez Joaquín Aguirre sobre este truculento episodio del proceso independentista, ya que muchas veces la investigación judicial se perdió por las ramas, pero es un hecho cierto y contrastado que la conexión rusa existió. Los intentos de los periodistas y opinadores de cabecera de Waterloo por negarlo o blanquearlo son, sencillamente, ridículos y absurdos. Que le pregunten al empresario Joan Castells, presidente de la mutua FIATC, a quien uno de los emisarios del Kremlin, Sergéi Motin, dejó una factura impagada de 19.842,40 euros por los días que pasó hospitalizado en la Clínica Diagonal.
Ahora, por razones políticas y porque conviene en la estrategia de los poderes del Estado de “pacificación de Cataluña”, la Audiencia de Barcelona ha desautorizado el trabajazo hecho por el juez Joaquín Aguirre -como también lo hizo con los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena– y ha dado carpetazo al sumario instruido. Es de suponer que, con este antecedente, el Tribunal Supremo también archivará próximamente la parte de la causa conexa por delito de alta traición que afecta a los aforados Carles Puigdemont y Francesc de Dalmases.
La tentación rusa de los dirigentes del proceso es, además, un atentado directo contra dos principios fundamentales que han defendido siempre la inmensa mayoría de la sociedad catalana y sus fuerzas políticas más representativas: la pertenencia irrenunciable de Cataluña a la Unión Europea y la solidaridad con Ucrania y las repúblicas bálticas que se liberaron del yugo de Moscú después de la caída del Muro de Berlín. Los pactos verbales subscritos por Carles Puigdemont y sus hombres de confianza con los emisarios del Kremlin, que afortunadamente no se llegaron a llevar a la práctica, eran una traición en toda regla a los cimientos históricos de la geopolítica catalana.
Así lo entendió el Parlamento europeo, que, el pasado mes de febrero, aprobó una resolución mostrando su preocupación y condena por la injerencia rusa en Cataluña. Un peligroso juego que también explica muy bien un reportaje de la prestigiosa cadena de televisión Arte que, desgraciadamente, ha sido silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación catalanes, salvo EL TRIANGLE, en una nueva prueba que los independentistas continúan manteniendo la hegemonía mediática, tanto en el espacio privado como en el público.
Todos conocemos las consecuencias que tuvo la decisión de la Audiencia de Barcelona de exculpar a Jordi Pujol y archivar el caso Banca Catalana. ¿Qué consecuencia tendrá para el futuro de Cataluña esta polémica decisión de la Audiencia de Barcelona de desautorizar la investigación de la trama rusa del proceso? Ya conocemos el próximo capítulo del cuento: las profecías de Alexandre Deulofeu en La matemática de la historia, según las cuales Cataluña será independiente en 2029, con la desintegración de España.