El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido sacar adelante las ordenanzas fiscales para 2025 con los votos favorables del gobierno del PSC, BComú y ERC y los votos en contra de TriasxBCN (Junts), PP y Vox. Con la luz verde del plenario, las nuevas tasas entrarán en vigor el 1 de enero.
Las nuevas ordenanzas recogen, entre otros, un incremento del IBI hasta el 1,17% en más de 200 hoteles, nuevas tarifas para los autocares turísticos cuando quieran aparcar (pasarían de los 20 a los 80 euros) o subir el tope del recargo municipal de la tasa turística para que pase de los 4 a los 8 euros. También incluyen el aumento progresivo de la tasa de residuos en cuatro años y la bonificación del 50% para el vecindario que aplica el puerta a puerta.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agradecido los apoyos de los grupos que han votado a favor y ha celebrado que haya «acuerdos», destacando que es un acuerdo «progresista». Collboni ha afirmado que con las nuevas ordenanzas se achaca la presión fiscal al sector turístico, pero no «a las familias, las pymes o los autónomos».
Collboni también ha explicado que esta misma mañana ha firmado la prórroga presupuestaria, que estará vigente a partir del 1 de enero, y ha señalado que espera que en las próximas semanas se pueda llegar a un acuerdo de presupuestos nuevos para 2025.
Apoyo de BComú y ERC
La presidenta del grupo de BComú, Janet Sanz, ha argumentado el apoyo a las ordenanzas fiscales porque hacen pagar más el sector turístico y contribuyen al decrecimiento turístico. Así, Sanz ha afirmado que las ordenanzas son «coherentes» con «la estrategia de encauzar la tendencia a poner alfombras rojas a las élites» y ha remarcado que, según el acuerdo del gobierno con BComú, se rechazará cualquier nueva terminal de cruceros que plantee el Puerto. «Estamos haciendo políticas coherentes», ha añadido.
El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha reprochado a Sanz «la discrepancia gestual» y ha asegurado que el acuerdo al que han llegado es «una ratificación del acuerdo inicial» y una «rectificación» de los acuerdos firmados en 2018 con el Puerto de Barcelona, cuando Ada Colau era alcaldesa. «Si no confundimos relato y realidad descubrimos que estamos de acuerdo», ha dicho, quejándose del discurso «agotador» de los comunes que vincula al PSC con «las élites».
Por su parte, el concejal de ERC Jordi Castellana ha lamentado el «postureo» de BComú sobre las terminales de cruceros, y ha afirmado que «no hay ningún acuerdo de fondo» porque el pacto al que ha apuntado BComú «ya estaba definido» con anterioridad. Además, Castellana ha remarcado que los republicanos se mueven «por el impacto de las medidas» y no por el «postureo», y ha argumentado el voto a favor de las ordenanzas porque no aumentan la presión fiscal sobre los ciudadanos, sino sobre «las actividades más lucrativas», como el turismo.
TriasxBCN, PP y Vox, en contra
El concejal de TriasxBCN Damià Calvet ha lamentado que el gobierno municipal no haya aceptado sus alegaciones para «reducir la presión fiscal» en la ciudad y hacer que «la buena salud financiera del Ayuntamiento no sea a costa de la gente y las empresas». «No son las ordenanzas que necesita Barcelona», ha defendido Calvet, que ha dicho que tampoco son buenas para afrontar los retos de futuro de la ciudad.
La concejala del PP Àngels Esteller ha criticado que las ordenanzas fiscales «consolidan Barcelona como la ciudad más cara de España» y ha definido la ciudad como un «infierno fiscal» que perjudica al poder adquisitivo de las familias y al sector turístico, el «motor económico» de la ciudad. Esteller ha lamentado que las ordenanzas fiscales «vuelvan a criminalizar el turismo» y «castigan» a los ciudadanos.
A su vez, el concejal de Vox Gonzalo de Oro-Pulido ha señalado que las ordenanzas fiscales «aprietan» a los barceloneses y que se están «repitiendo los errores del pasado». «No traten a los turistas como si venir a Barcelona fuera un castigo», ha añadido.
