El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación contra Alvise Pérez por la presunta financiación ilegal de la campaña por las elecciones europeas de junio pasado de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF).
El magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral, además de otro por financiación ilegal de partidos políticos, por haber recibido en metálico 100.000 del empresario Álvaro Romillo para pagar la campaña de SALF.
En el escrito, Calama afirma que hay «indicios sólidos» de responsabilidad penal del eurodiputado y, en concreto, que la investigación ha evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear un «monedero virtual» con el objetivo de obtener donaciones anónimas que quedaran «fuera de cualquier control público».
El juez instructor de la Audiencia Nacional también ha pedido investigar al empresario que habría financiado la campaña tras apreciar una «íntima conexión en el modus operandi entre ambos». «Son conductas que constituyen la cara y la cruz de una misma moneda», ha indicado el juez.
El líder de SALF es eurodiputado en el Parlamento Europeo y, por tanto, es aforado, motivo por el que es el Tribunal Supremo quien lo puede imputar, y no el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional.
