El Gobierno de la Generalitat de Cataluña prevé aprobar el 45% del paquete legislativo acordado con ERC y Comuns para la investidura del socialista Salvador Illa durante el año 2025. Así se desprende del plan de Govern para toda la legislatura, que este viernes Illa ha presentado a todos los altos cargos de la Generalitat y que está previsto que se apruebe en la reunión del Consejo Ejecutivo del lunes.
Este plan incluye, también, todos los compromisos adquiridos en los dos pactos de investidura. La semana próxima el Gobierno también aprobará el plan normativo de 2025, que contempla la aprobación de 16 anteproyectos de ley durante el año que viene, entre los que se están las leyes de territorio, residuos, derechos culturales, gobiernos locales y de simplificación de la administración pública.
Illa ha presentado la hoja de ruta de su gobierno para los próximos cuatro años en un acto en L’Hospitalet de Llobregat ante el gran grueso de altos cargos del ejecutivo y que ha contado con la presencia de los secretarios y directores generales de los departamentos y con los directivos de empresas públicas de la Generalitat.
El plan de Govern, que se aprobará el lunes en el Consejo Ejecutivo, está estructurado en cinco ejes basados en las prioridades del gobierno catalán: la prosperidad compartida, la transición energética, la equidad social, los servicios públicos y el autogobierno.
Vivienda, plan de barrios y modernización de equipamientos escolares
El Govern incluye dentro del eje de la prosperidad compartida las políticas de vivienda, una de las prioridades marcadas por el ejecutivo. El plan recoge la creación de 50.000 viviendas protegidas de alquiler para 2030, como ya anunció Illa, el fondo de emancipación para jóvenes o el desarrollo de la ley de vivienda y, en especial, el índice de referencia de los precios del alquiler.
También se fija la intención de mantener el decreto sobre las viviendas de uso turístico y la voluntad de impulsar la ley catalana de arrendamientos urbanos y la regulación de contratos de alquiler, alquiler de temporada, habitaciones y viviendas de uso turístico. Una de las medidas que se busca impulsar es el plan de barrios, así como un plan para modernizar equipamientos escolares para eliminar barracones o reformar centros.
En este último ámbito en total prevén 3.282 actuaciones, 120 de las cuales son nuevas construcciones. Una medida planteada, también, es el plan de confort climático, que se está trabajando con los Comunes y que ofrecerá mejoras en 2.530 centros.
Impulso económico, transición energética, Aeropuerto y Cercanías
El ejecutivo catalán se plantea como reto para esta década que Cataluña recupere el liderazgo económico tanto en Europa como en España y, de hecho, tiene intención de presentar un plan específico sobre esta cuestión durante el primer trimestre del año. Entre las medidas que lista el Govern está el fortalecimiento del sistema de investigación para que Cataluña se sitúe entre las 50 regiones más innovadoras y punteras de la Unión Europea en el año 2030.
En clave de infraestructuras, el plan del Govern recoge la necesidad de incrementar la conectividad tanto del aeropuerto de El Prat como del puerto de Barcelona, pero también de «proteger sus áreas naturales». Además, contemplan el compromiso de asumir la transferencia de la red de Rodalies (Cercanías) y de constituir la empresa mixta, como se acordó con ERC.
También fijan la firma de los convenios de la AP-7, de la AP-2, del Eje Pirenaico y de la Ronda Norte como objetivos de la legislatura. En la carpeta de transición energética el Gobierno quiere trabajar para que en 2030 se llegue al 50% de autonomía eléctrica con fuentes limpias. También se propone impulsar un modelo de gestión sostenible del agua que minimice el impacto de la sequía para llegar al 70% de autonomía hídrica en 2027.
En este camino, quieren acelerar los trámites para ampliar la desalinizadora del Tordera, la nueva planta del Foix y la nueva construcción de la Costa brava. También quieren acabar las mejoras de la potabilizadora de Sant Joan Despí y del Llobregat en 2028.
Educación, sanidad y seguridad
Durante los próximos cuatro años el Govern quiere caminar hacia la equidad educativa y se compromete a garantizar la gratuidad de la etapa de cero a tres años de manera gradual, aumentando la financiación a las guarderías y las guarderías de iniciativa social. Concretamente, quieren que la gratuidad del I1 sea una realidad en el curso 2025-2026.
En el ámbito sanitario, se proponen garantizar la respuesta en atención primaria en un plazo de 48 horas como máximo en el 90% de los casos y eliminar la cita previa obligatoria. También se comprometen a aprobar el Pacto Nacional de Salud Mental, con una dotación de 20 MEUR anuales.
Otra de las prioridades del Govern de Illa es la seguridad. El presidente catalán ya se ha comprometido en varias ocasiones a ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos y confía conseguirlo antes de 2030 a través de la negociación en las comisiones bilaterales con el gobierno central, que se activarán justamente a principios del año que viene.
También se quiere llegar a los 3.300 bomberos en 2028 y a 900 agentes rurales en 2030. Uno de los objetivos del Govern, y que está capitaneando el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, es la reforma de la administración pública para simplificarla.
Para conseguirlo, entre otras medidas, se quiere aprobar la ley del empleo público y el decreto de la dirección pública profesional. También se quiere impulsar medidas legislativas para agilizar los trámites en la aprobación de leyes y para favorecer la participación ciudadana en todo el proceso.
Autogobierno, catalán e influencia en Europa
En el eje del autogobierno la hoja de ruta fija como medida clave la negociación e implementación del nuevo sistema de financiación singular y el análisis de posibles nuevas competencias que se puedan derivar. El plan, sin embargo, no incluye concreciones de cómo se sacará adelante el redimensionamiento de la Agencia Tributaria de Cataluña ni de cómo se caminará hacia la recaudación del IRPF, pero fuentes del Govern aseguran que cumplirán el acuerdo suscrito con ERC.
En la vertiente lingüística el ejecutivo quiere que se apruebe el Pacto Nacional por la Lengua y se compromete a «proporcionar acompañamiento y apoyo al proceso negociador» para la plena oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. Además, se plantea elaborar y ejecutar un plan estratégico para el aprendizaje del catalán para adultos y reforzar el Consorcio para la Normalización Lingüística, con una ampliación de la oferta de plazas.
El Govern también se ha propuesto posicionar a Cataluña como actor «proactivo» dentro del proyecto europeo y a las instituciones europeas para mejorar su presencia, referencia e influencia.
El Gobierno no contempla que no haya presupuestos
Fuentes del gobierno catalán subrayan «la ambición» del plan, pero muchas de las medidas que se detalla necesitan una traducción presupuestaria que dependerá de la aprobación de las cuentas de la Generalitat. Desde el ejecutivo no quieren contemplar un escenario en el que no se apruebe presupuestos y recuerdan que la hoja de ruta incluye todos los compromisos adquiridos en los acuerdos de investidura, que califican de «muy ambiciosos».
El Govern afirma que, por su parte, «la voluntad y disposición está toda» y por eso confían en que acabe habiendo unos presupuestos que permitan que Cataluña pueda «liderar» y no «autoinfligirse golpes».
Cumplimiento de los acuerdos de investidura
Desde que Illa es presidente ha reiterado en varias ocasiones que su compromiso es cumplir íntegramente los dos acuerdos que permitieron su investidura, con ERC y Comuns. Ahora que el Govern ha diseñado su plan para la legislatura, ha querido hacer valer este compromiso y ha incluido una nota final en el documento -de 119 páginas- en el que se explicita que «el plan de gobierno y los futuros planes departamentales incorporan la totalidad de los acuerdos de investidura».
Así, el gobierno socialista se hace suyos ambos pactos y deja plasmadas promesas como el modelo de financiación singular, el plan de barrios o la ampliación del parque público de alquiler en su hoja de ruta para los cuatro próximos años.
Más allá de cumplir los acuerdos, el Gobierno se pone prisa en este cumplimiento y tiene la intención de sacar adelante el 45% del paquete legislativo incluido en los dos pactos durante el próximo año. Además, confía en que el segundo año ya se habrá podido cumplir con entre el 70% y el 80% de todas las iniciativas normativas.
Leyes para una «reforma transformadora»
En la reunión del Consejo Ejecutivo del lunes el Govern también aprobará el plan normativo para 2025, es decir, las leyes y decretos que tiene intención de salir adelante durante el próximo año. Concretamente, el gabinete liderado por Illa se compromete a aprobar 16 anteproyectos de ley y 31 anteproyectos de decreto durante el año.
Además, se propone empezar a tramitar 30 anteproyectos de ley más y 57 decretos. Algunas de estas iniciativas el Gobierno las considera unas «reformas transformadoras», como son la ley de territorio, de la economía social y solidaria, de residuos o de universalización del ciclo inicial de educación infantil.
También quieren aprobar una ley para simplificar los procedimientos y trámites administrativos para agilizar la tramitación de leyes, la ley de derechos culturales, la del mecenazgo o la del deporte, mientras que también se comprometen a sacar adelante la ley de gobiernos locales, la de financiación local y la ley contra el racismo.
Paralelamente, el Govern quiere aprobar el decreto del reglamento del registro de viviendas vacías y el de grandes tenedores, el de ordenación general de la formación profesional del sistema educativo y el decreto para desarrollar la ley de barrios, entre otros.
Preinscripción de 4.000 normas
En total, el gobierno catalán se propone sacar adelante 134 iniciativas normativas durante 2025. Fuentes del ejecutivo aseguran que han querido combinar la ambición y la necesidad de evitar «la hiperregulación» y la duplicidad de normas. De hecho, uno de los objetivos que el ejecutivo se ha marcado para el próximo año es precisamente acabar con la duplicidad de normas o con las normas obsoletas de facto para la aprobación de iniciativas posteriores que las invalidan.
El Govern ya tiene cuantificadas cuántas hay que eliminar después de hacer una revisión normativa: son un total de 4.000, que se han comprometido a derogar durante el año para caminar hacia una mayor simplificación normativa.
