El gobierno central, CCOO y UGT han llegado un acuerdo para la aplicación de la jornada laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han firmado este viernes por la mañana esta rebaja horaria para aplicar durante 2025.
Díaz ya afirmó este martes, tras el Consejo de Ministros, que el entendimiento con los sindicatos era «inminente». La firma del pacto se ha hecho sin la presencia de la patronal, que se ha opuesto a la medida.
También ha mostrado sus dudas en las últimas horas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sugirió hacer una aplicación gradual, personalizada en diversos sectores y hasta 2026. En opinión de Díaz, el hecho de que el ministro socialista haya propuesto demorar la aplicación de las 37,5 horas semanales «incumple» el acuerdo del gobierno de coalición.
Las medidas del acuerdo
El acuerdo cerrado entre el gobierno español y los sindicatos se basa en una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que entrará en aplicación en 2025, después de que se apruebe en el Congreso y en el Senado. Además, se tomarán medidas para proteger los derechos de los trabajadores a tiempo parcial, a quienes se mejorarán los salarios cumpliendo con una doctrina del Tribunal Europeo de Justicia.
El texto subraya que las empresas tendrán que mantener el salario de los contratados a tiempo completo y las horas trabajadas de los contratos a tiempo parcial actuales, cosa que incrementará el precio por hora que perciben estos empleados. Otro de los aspectos que introduce el pacto es un registro de jornada que sea accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo.
También se incluyen sanciones individualizadas por cada trabajador por los incumplimientos en materia de tiempo de trabajo, de forma que las multas se tendrán que abonar por cada empleado que incumpla la normativa y no una cantidad genérica por toda la compañía.
El acuerdo también reconoce la desconexión digital como un derecho irrenunciable y afirma que es un deber empresarial no contactar con el trabajador mediante cualquier dispositivo fuera del horario de trabajo. Además, la modificación del Estatuto de los Trabajadores señala el derecho a no estar localizable fuera del horario de trabajo y apunta que no atender las comunicaciones en este periodo no puede tener represalias para el empleado.
«A favor» de los trabajadores
Tras la firma del acuerdo, Díaz ha destacado que el pacto supone un «avance civilizatorio» comparable con la huelga de la Canadiense, que permitió la jornada de 8 horas en 1919. «No es un acuerdo más», ha remarcado en un acto con los líderes de UGT y CCOO en Madrid donde han asistido varios ministros del ejecutivo.
«Trabajar menos no puede ser solo una prerrogativa de la banca o los trabajadores públicos», ha destacado la también ministra de Trabajo, que se ha comprometido a que la medida esté vigente durante el año 2025. «Creo que hay que dar las gracias por priorizar los intereses de la mayoría ante los intereses de unos pocos. La política en la que creemos es aquella que cumple lo que acuerda. Lo que prometemos, lo cumplimos, y eso es lo que hace avanzar a nuestro país. Este ministerio cumple», ha aseverado, indicando que la medida mejorará la economía y hará «un país mejor».
Díaz ha destacado que en España no se reduce la jornada laboral desde hace 40 años, a pesar de los «enormes avances» en productividad que se han registrado de manera continuada. En este sentido, ha apuntado que «ha llegado la hora de repartir la productividad y un poco más a favor de la gente trabajadora». «Hoy todavía la mayoría de las personas asalariadas tienen jornadas superiores a las 37,5 horas, y por eso reducir la jornada afectará a 12 millones de personas», ha defendido.
Tal y como ha remarcado Díaz, el acuerdo oficializado este viernes ha necesitado reuniones, horas y un «esfuerzo colectivo» muy grande por parte de todos los agentes sociales implicados en una negociación que comenzó en enero de 2024.
Once meses de negociación
La negociación entre gobierno español, sindicatos y patronal se ha alargado once meses hasta la negativa definitiva de la patronal CEOE de participar en el acuerdo hace un mes. La postura de la patronal ha sido desde el principio de la negociación, el 25 de enero, que no estaba de acuerdo con modificar el tope máximo de jornada laboral en el Estatuto de los Trabajadores, porque prefería dejar esta cuestión en el ámbito de la negociación colectiva. En julio pasado hubo un punto de inflexión, cuando la patronal dijo que no aceptaba «ultimátums», después de que se presentara un texto con el que los sindicatos ya se sentían cómodos.
Con el espíritu de alcanzar un acuerdo tripartito, desde entonces hasta finales de noviembre el gobierno puso sobre la mesa medidas de compensación por las posibles pérdidas que la reducción de la jornada pudiera causar a las empresas. Finalmente, la patronal se descolgó del acuerdo el 21 de noviembre, manteniendo su postura inicial.
A partir de entonces, comenzó una nueva fase de negociación entre gobierno y sindicatos para cerrar un acuerdo para llevar cuanto antes el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Un acuerdo que ambas partes han advertido que probablemente no incorporará ninguna de las propuestas de compensación que el gobierno ofrecía a las empresas para intentar sumarlas al acuerdo.
A su vez, los sindicatos han reclamado en todo momento que el acuerdo contara con medidas para garantizar la desconexión digital de los trabajadores y para controlar que la reducción horaria es efectiva. Una vez que el proyecto de ley llegue a la Mesa del Congreso, tendrá un proceso de tramitación que se alargará como mínimo seis meses.
