Hoy en día, la ciencia puede ofrecer datos y conocimientos cruciales para tomar decisiones políticas bien informadas. Sin embargo, a menudo el político y los partidos ni las atienden ni toman decisiones que sean coherentes con este saber tecnocientífico. La pregunta que debemos hacernos es por qué los políticos no siempre (o en contadas ocasiones) escuchan a los científicos.

La ciencia, en general, requiere investigaciones a largo plazo y no siempre puede ofrecer respuestas inmediatas y con certeza del 100%. En tecnociencia, las situaciones no ocurren nunca con el 100% o el 0% de probabilidad. Es precisamente esta incapacidad de la ciencia para hacer pronósticos seguros al 100%, la que hace que los políticos estén sujetos a presiones de grupos de interés, como empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, que pueden tener intereses contrapuestos a las recomendaciones científicas.
Por otro lado, la ciencia es compleja y difícil de comunicar al público en general y los políticos no siempre tienen la formación científica necesaria para comprenderla. Difícilmente un político podrá tomar una decisión si ni la entiende ni la sabe explicar a la población. Las decisiones políticas son siempre complejas y difíciles por el hecho de que los efectos colaterales o secundarios de cualquier decisión son inevitables. Las decisiones políticas deben basarse en una combinación de factores, como la economía, la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la geopolítica y la opinión pública. La ciencia es sólo uno más de estos factores. Además, los científicos son a menudo poco eficaces a la hora de comunicar sus conocimientos de manera clara y concisa tanto a políticos como a la ciudadanía.
Ante esta situación, debemos preguntarnos qué se puede hacer para mejorar esta situación. Lo primero es invertir en instituciones científicas sólidas y autónomas, capaces de producir búsqueda de calidad y de asesorar a los gobiernos, empresas y a la ciudadanía en general. Hay que invertir en una mayor divulgación científica y mejor desde Universidades, centros de investigación, gobiernos centrales y autonómicos y ayuntamientos. Es fundamental que los científicos se involucren en la divulgación de las investigaciones para que el público en general, y los políticos en particular, puedan comprender mejor su trabajo.
Por otra parte, los políticos deberían recibir una formación básica en ciencia para poder tomar decisiones más informadas. Se deben crear espacios para el diálogo entre científicos y políticos donde puedan intercambiar ideas y construir consensos. Todo ello debe ir acompañado de que los procesos de toma de decisiones políticas sean más transparentes y sea posible una mayor participación de la comunidad científica tanto nacional como internacional.
Después de todo lo expuesto, no querría dejar de mencionar que ha habido ejemplos recientes en los que los políticos han escuchado a los científicos. La respuesta global a la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro de cómo la ciencia ha guiado las decisiones políticas. Los gobiernos de todo el mundo se basaron en el asesoramiento de expertos en salud pública para implementar medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y las campañas de vacunación.
La rápida creación y distribución de vacunas contra el COVID-19 fue un éxito científico sin precedentes, y los gobiernos apoyaron masivamente estos esfuerzos, reconociendo su importancia para controlar la pandemia. En muchos países, las políticas de salud pública se basan en evidencia científica. Por ejemplo, las campañas de vacunación infantil, las regulaciones sobre alimentos y medicamentos y las medidas para prevenir enfermedades crónicas se diseñan con base en estudios científicos. Otro aspecto, quizás con menos éxito al menos hasta ahora, ha sido el cambio climático.
A pesar de las divisiones políticas, existe un creciente consenso científico sobre la realidad del cambio climático y la necesidad de tomar medidas urgentes. Muchos gobiernos han establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsados por las evidencias científicas.
Por otro lado, la pérdida de biodiversidad ya está asumida como una crisis global, y muchos gobiernos han establecido áreas protegidas y han implementado políticas para conservar especies en peligro de extinción, en respuesta a las advertencias de los científicos. En definitiva, la relación entre políticos y científicos es esencial para abordar los grandes retos de nuestro tiempo. Es necesario superar las barreras existentes y construir una sociedad basada en el conocimiento científico.
Debemos exigir a los políticos que tomen decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible.