El fragor de la competición y la deslumbrante realidad del Barça de Hansi Flick, cuyo éxito se asienta sobre una base indiscutible de jugadores formados y reclutados bajo el patrón del ADN azulgrana y la explosión de otra generación de oro heredada de la Masía, no permite entretenerse en otros detalles de la actualidad que, como el caso Enríquez Negreira, avanza imparable y peligrosamente apuntando directamente a la proa de este Barça que se ve capaz de competir por todo a poco que las cosas no se le tuerzan. La resolución del caso Negreira, sin embargo, puede convertirse en un enemigo lo bastante real y poderoso para amenazar su progresión y quién sabe con qué terribles consecuencias.
Por lo pronto, el informe del caso ya concluido y entregado al juez por la Guardia Civil sostiene la existencia de una trama inusual de pagos por parte del Barça que, en síntesis, benefició al expresidente de Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, y a una serie de personas de su círculo familiar y personal.
Que no se haya establecido un destino final diferente, como sería el caso de otros árbitros, sugiriendo que con ese dinero se pretendía que pitaran a favor del Barça, es una buena noticia, por otro lado esperable y prevista, que no altera la base de la acusación contra el FC Barcelona sostenida por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que el club quiso influir en el estamento arbitral a través de la figura del presidente del CTA.
Al contrario, lo que la investigación también viene a demostrar es que de las contraprestaciones a lo largo de los años, regularizadas y aumentadas por Joan Laporta a partir de 2003, no existen indicios fehacientes ni justificados que se correspondieran con los presuntos servicios prestados en materia de informes arbitrales. También eleva a 8,4 millones el total de los ingresos de Negreira hasta el corte de la relación en 2017, coincidiendo con su cese en el cargo.
El informe de 136 páginas, que forma parte clave del sumario desde hace semanas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, asegura demostrar «de manera objetiva cómo el Fútbol Club Barcelona realizó pagos a sociedades vinculadas al entorno del Sr. Negreira, tanto de forma directa (a través de NILSAD SCP, DASNIL 95 SL y SOCCERCAMI SL), como indirecta por medio de entidades relacionadas con José Contreras y José María Molinaro (TRESEP 2014 SL, RADAMANTO SL y BEST NORTON SL). Se han identificado indicios que sugieren que el propósito declarado por algunos de los beneficiarios para justificar estos pagos, mediante sus correspondientes facturas, relacionadas con la prestación de servicios o relaciones profesionales, no coincide con la realidad».
Con respecto a los beneficiarios finales de los pagos que facturaba esta tríada de personajes aclara que algunos «no estaban directamente relacionados con las empresas que emitieron las facturas. Como sería el caso de Concepción Díaz (secretaria de Negreira) en los pagos por facturas de la sociedad SOCCERCAM SL; o la facturación por parte de esta misma sociedad por servicios que se supone habría prestado DASNIL 95 SL, y la facturación por parte de NILSAD SCP por servicios que habría prestado SOCCERCAM SL. En relación con estos pagos dimanantes del FCB que, de manera directa o indirecta, tuvieron como beneficiario final el entramado urdido por el Sr. Enríquez Negreira, compuesto por sociedades interpuestas y Testaferros, se ha evidenciado que actuaron como intermediarios para evitar que estos apellidos figuraran relacionados con los pagos de la entidad. Estas personas y sociedades se emplearon en transacciones comerciales o financieras como fachada para ocultar la verdadera responsabilidad sobre un bien o activo. Además, se ha comprobado que las facturas emitidas para justificar estos pagos no tenían relación alguna con los servicios que el Sr. Negreira prestaba al FCB para hacerse acreedor de ellos».
El documento sienta las bases, para los expertos, de una más que posible acusación sobre el intento de influir en el organismo arbitral, un propósito que el propio José María Enríquez Negreira habría admitido en diferentes documentos, entre ellos varios burofaxes, sobre el propósito real de su papel y por lo que cobraba para mejorar las relaciones entre el Barça y el estamento colegiado, finalmente entendido como el conjunto de las designaciones, el tono de los arbitrajes y el trato al equipo en el transcurso de la competición. Que Negreira hubiera sido capaz de conseguirlo, o no, no es tanto la pretensión del fiscal, sino centrarse en el hecho de que el club, a través de esos pagos a Negreira, no compensaba los informes arbitrales ni los presuntos servicios de asesoría que, igualmente, no podrían tasarse en las magnitudes acreditadas en la investigación hasta acumular un total de 8,4 millones.
Los agentes, una vez analizado el conjunto de las operaciones, lo cobrado y lo trabajado, por resumirlo, han estimado que «otro indicio particularmente significativo es la aparente anomalía e incongruencia que representa el hecho de que el FCB haya efectuado pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) bajo el pretexto de asegurar la neutralidad en las decisiones de dicho organismo. Partiendo de la premisa y axioma de que el CTA debe mantener una gestión y adoptar decisiones neutrales dentro de su ámbito de responsabilidad, no se justificaría una transacción económica originada en un Club que participe en la competición deportiva con el fin de garantizar la mencionada neutralidad».
En una visión global del caso, que ahora puede avanzar a más velocidad si el juez no ordena nuevas diligencias, los informes de los auditores, en especial en la due dilligence de 2010, advirtieron a la directiva de turno que contra las facturas pagadas al clan Negreira no existía un contrato ni encargo documental justificativo más allá de las explicaciones verbales en el sentido de que se trataba de una mejora de la asistencia a los técnicos y jugadores del primer equipo y del filial. Las declaraciones de los entrenadores de la época investigada han coincidido, por su parte, en que nunca solicitaron ni usaron ni tuvieron constancia de dichos informes especiales.
Aunque desde el club y desde los diferentes entornos barcelonistas se da por seguro que no hay caso y que será improbable que puedan probarse sobornos a árbitros a través de Negreira, la instrucción avanza implacable contra los intereses azulgrana por esa otra vía que la ley contempla como delito por el simple hecho de intentar influir en los arbitrajes con independencia de si se puede consumar. Y no ayuda que el club no pueda justificar el coste desproporcionado de informes que no son nada del otro mundo y que en opinión de Negreira su misión era, a cambio de cobrar del club, la de modular el tono merengón de los arbitrajes a un nivel de paridad. Las consecuencias de una sentencia en esa dirección supondría inevitablemente una serie de sanciones deportivas nacionales e internacionales de incalculables consecuencias para el FC Barcelona que por ahora no parecen preocupar a la junta ni tampoco al barcelonismo.