La Fiscalía ha emitido un escrito oponiéndose a la admisión a trámite de la querella del líder de Junts, CarlesPuigdemont, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el abogado GonzaloBoye contra el juez Joaquín Aguirre por los delitos de prevaricación y malversación por la creación de una pieza separada por la llamada injerencia rusa en el caso Volhov.
El ministerio público estima que el auto que abre la citada pieza «no reúne el elemento objetivo integrador del delito de prevaricación como es la injusticia de la resolución», ya que «responde a una interpretación jurídica totalmente razonable y sostenible». Tampoco considera que se pueda hablar de malversación derivada de los gastos originados por la designación de funcionarios para que llevaran a cabo las investigaciones ordenadas por Aguirre.
«El auto no puede considerarse ni siquiera de manera indiciaria una conducta prevaricadora del magistrado querellado», afirma la Fiscalía, que no considera que sea una «resolución injusta», sino que «responde a una opción jurídicamente aceptable y posible». Por todo ello, considera procedente no admitir a trámite la querella y archivar posteriormente las actuaciones.
Puigdemont, Alay y Boye presentaron una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de prevaricación y malversación contra Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. También pidieron como medida cautelar apartarlo del caso Volhov, que investiga supuestas injerencias rusas en el proceso independentista, para que no siga actuando ni tome represalias contra los querellantes.
Las defensas creen que el magistrado «instrumentaliza la creación de piezas separadas con una finalidad ilegítima e ilícita, que no es otra que burlar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos».
