Andorra tiene un grave problema con la justicia. Formalmente, la Constitución de 1993 establece que el Principado es un Estado de derecho, democrático y social. Pero la actuación de determinadas instancias judiciales –como algunos batlles con mucho poder y la Fiscalía– contribuye a mantener la leyenda negra de que Andorra es, aún hoy, un país caciquil, retrógrado y con rémoras medievales.
Casos como el de la activista Vanessa Mendoza, imputada por denunciar ante un organismo de la ONU que el aborto es ilegal y está perseguido en Andorra; o el de la consejera general (diputada) Carine Montaner, llevada a juicio por revelar el uso anómalo del dinero público a disposición del grupo parlamentario liberal, han contribuido a dar alas a la leyenda negra, en especial de cara al exterior. Afortunadamente, en ambos casos imperó la cordura in extremis, y tanto Vanessa Mendoza como Carine Montaner fueron absueltas, eso sí, después de haber pasado un calvario judicial.
Quien ha catado la dura vara de medir de la justicia andorrana ha sido el joven navarro Adrián Valladolid, residente en el país desde hace seis años, donde trabaja como monitor de esquí. El Tribunal de Cortes le ha condenado a cuatro años, de los cuales 18 meses de prisión firme, y a la expulsión del país durante siete años por haberlo encontrado en posesión de 565 gramos de cannabidiol (CBD), un derivado del cáñamo, en un control en la frontera.
Adrián Valladolid fue detenido el 2 de octubre del año pasado y encerrado en la cárcel de La Comella, de donde fue liberado finalmente el 27 de noviembre pasado. En total, ha estado preso durante casi 14 meses por llevar encima una sustancia que está legalizada y permitida en muchos países, como Estados Unidos, Francia o España. Incluso en Andorra hay establecimientos abiertos al público donde se puede comprar CBD en diferentes formatos.
Como este monitor de esquí ya había cumplido las 5/6 partes de la condena de 18 meses de prisión firme, las autoridades judiciales se vieron obligadas a decretar su libertad. Pero Adrián Valladolid, que sigue proclamando su inocencia, y su madre, Mercedes Chamorro, que siempre ha hecho alusión a su hijo, están dispuestos a seguir batallando hasta donde sea necesario para restablecer la verdad y desenmascarar la barbarie de la justicia andorrana.
El CBD no es una droga: es un derivado del cáñamo que se utiliza en la medicina convencional para tratar la epilepsia, los ataques de ansiedad, el dolor, la enfermedad de Parkinson, el Crohn y muchas otras afecciones. Adrián Valladolid había sufrido trastornos convulsivos (epilepsia) y por eso tomaba cabecillas de CBD.
El Tribunal de Cortes no aceptó las explicaciones del joven ni los testigos calificados que participaron en el juicio oral, en apoyo al alegato de la defensa, que pedía la absolución. La condena de Adrián Valladolid ha provocado el escándalo, la estupefacción y la risa de todos los juristas y expertos, que saben perfectamente que el CBD no es una sustancia psicoactiva, como sí lo son otros productos parecidos que llevan THC, como la marihuana o el hachís.
*Puedes leer el artículo entero en el número 1600 de la edición en papel de EL TRIANGLE.
