La Unión Europea ha concluido un histórico acuerdo comercial con el Mercosur, que incluye Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, culminando 25 años de negociaciones. El anuncio lo hizo oficial la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Montevideo, destacando que marca «el inicio de una nueva historia» y «una victoria para Europa». Este pacto afecta a más de 700 millones de personas y puede generar más de 65.000 millones de euros en exportaciones anuales.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, ha calificado el acuerdo de «gran éxito» y de paso adelante «necesario» para que la UE reafirme sus intereses. El pacto prevé la eliminación progresiva de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas y el 92% de las del Mercosur, beneficiando a sectores como la automoción, la industria farmacéutica y el textil. Aun así, la agricultura genera más controversia: las importaciones estarían controladas por cuotas, salvaguardas e introducción gradual de aranceles, además de incluir garantías para asegurar la seguridad alimentaria y la protección medioambiental.
El acuerdo no está exento de polémica. Francia, Irlanda y los Países Bajos han expresado preocupaciones sobre el compromiso medioambiental del Mercosur y capitales como París han calificado el pacto como «inaceptable». A pesar del impulso de Bruselas para incluir garantías adicionales sobre sostenibilidad, estas dudas podrían complicar su ratificación definitiva. A nivel del Consejo, se requeriría una mayoría cualificada, pero la oposición de estados, como Polonia, Italia y Austria, podría formar una minoría de bloqueo.
En el Parlamento Europeo, figuras clave como Bernd Lange y Gabriel Mato han defendido el acuerdo como una oportunidad para reforzar relaciones con aliados democráticos e impulsar sectores económicos estratégicos, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad. Sin embargo, la aprobación no está garantizada, ya que las reticencias de algunas formaciones de extrema derecha y delegaciones centristas podrían poner trabas.
En Cataluña, el sector agrícola ha expresado un fuerte rechazo. Joan Regolf, presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, ha alertado de que el pacto «pone en peligro» a agricultores y ganaderos locales y que podría provocar nuevas protestas. Según Regolf, los productos del Mercosur no cumplen las normativas europeas, lo que supondría un riesgo tanto para los productores locales como para los consumidores.
Este acuerdo histórico, que podría convertirse en la mayor asociación comercial y de inversión mundial, todavía afronta grandes obstáculos políticos, medioambientales y sociales. Su ratificación dependerá de las concesiones que las partes implicadas estén dispuestas a hacer para superar las divergencias.
