La injerencia de Rusia en los procesos electorales de los Estados que formaban parte de la Unión Soviética y que ahora buscan su futuro al calor de Europa se ha visto a lo largo de este año en Moldavia y en Georgia. En el primero de estos países la presidenta saliente, Maia Sandu, consiguió revalidar su cargo, y salvar por los pelos la inclusión en la Constitución moldava de la voluntad de incorporarse a la Unión Europea, gracias al voto de la diáspora. De los 1,7 millones de votantes del país, 328.000 viven en el extranjero.
«Casi no quedan jóvenes en Moldavia, todos se han marchado a buscarse la vida y allí solo quedan los viejos», explica la Tatiana, una moldava que vive en Barcelona desde hace cuatro años, «son gente que no se ve afectada por las amenazas que a menudo viven los residentes en el país a la hora de ir a votar». Unas amenazas que, probablemente funcionaron.
El ganador entre los votantes residentes en territorio moldavo fue su adversario, el prorruso Alexander Stoianoglo, que también se vio beneficiado por los miles de votantes que fueron a las urnas desde el territorio de Transnistria, ocupado militarmente por los rusos. Muchos de estos votantes, provenientes de Turquía, Bielorrusia o Azerbaiyán, fueron trasladados al país por agentes del Kremlin. En otras ocasiones simplemente hubo que dejar ir un poco de dinero a cambio del voto. Sandu pudo salirse con la suya por ser los gobiernos quienes organizan los procesos electorales. Esto le permitió detectar y denunciar la creación por parte del oligarca pro Kremlin Ilon Shor de una organización fraudulenta destinada a comprar 130.000 votos con unos 15 millones de dólares depositados en bancos rusos.
En Georgia, donde quien organizaba las elecciones legislativas celebradas el 26 de octubre fue un gobierno prorruso, las cosas funcionaron de una forma más acorde a los intereses de Moscú. Allí el sistema mafioso de intimidación fue dispuesto desde el propio gobierno y tuvo un especial impacto entre los votantes rurales.
A las amenazas y a la compra de votos, a la que se estima que se destinaron más de 15 millones de euros, hay que añadir la falta de secreto a la hora de emitir el voto, las agresiones a los observadores internacionales y una manipulación del recuento que, a veces, era tan burda que daba como resultado un número superior de votos emitidos que de votantes inscritos. Es así como el primer ministro Irakli Kobakhidze, revalidó su cargo, mientras que su principal rival, la presidenta proeuropea Salomé Zuravishvili, se exclamaba: «Han robado la voluntad de los georgianos». No fue la única en protestar. El líder del Partido Laborista, Shalvá Natelashvili, denunció la intervención de Moscú en estos comicios y Tinatin Bokuchava, presidente del Movimiento Nacional Unido, aseguró: «No aceptamos los resultados de las elecciones robadas y no tenemos la intención de reconocerlas».
A partir de ahí las manifestaciones proeuropeas ante el Parlamento georgiano para exigir unos nuevos comicios han sido constantes y los detenidos se cuentan por centenares. La reacción gubernamental ante las protestas fue llamar a la presidenta Zuravshvili a declarar ante la Fiscalía pocos días después de que el expresidente ruso Dimitri Medvèdev sugiriera que debería ser detenida y procesada por promover los disturbios producidos después de las elecciones.
La primera resolución del gobierno reelegido ha sido suspender el proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea hasta finales de 2028. La decisión se toma después de que el Parlamento Europeo declarara que las elecciones georgianas no fueron ni libres ni justas y la consecuencia ha sidoel repunte virulento de las manifestaciones que tienen lugar desde octubre, protestas que tienen el apoyo de buena parte de un país tremendamente polarizado, donde las decisiones de Irakli Kobakhidze también tienen un gran apoyo y en el que muchos ciudadanos ven la mano de Europa detrás de las protestas.
«La Unión Europea es quien está encendiendo la situación en Tblisi creando una pseudo oposición que solo quiere alterar la voluntad expresada por el pueblo», asegura la Nino desde la capital de Georgia. Muestra imágenes emitidas por la televisión donde se muestran grupos de manifestantes lanzando cócteles molotov contra la sede del Parlamento Nino está segura de que Europa quiere crear un nuevo Maidan en Georgia y que de alguna manera, su país es una víctima colateral del conflicto ucraniano. «Si abren un nuevo conflicto aquí, podrán distraer parte de los soldados que ahora están luchando en Ucrania».
Mientras, la presidenta del país ya ha anunciado que no abandonará el cargo después de las elecciones presidenciales previstas para el 14 de diciembre. «Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá un presidente legítimo ni una investidura, por eso permaneceré como presidenta». Salomé Zuravshvili se considera a sí misma como «la única institución independiente y legítima que queda en el país». El conflicto está servido.
