Sumar, Podemos, ERC y Junts han acordado pedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer «posibles responsabilidades políticas» en la gestión de la DANA que ha devastado la Comunidad Valenciana. La iniciativa, comunicada este martes, también quiere analizar la vía para mejorar los sistemas de prevención con el fin de evitar los efectos adversos de las inundaciones y las riadas en un futuro. Otros objetivos del organismo serían, según sus impulsores, determinar los efectos de los recortes aplicados en los servicios de emergencia y su influencia directa en la respuesta a este desastre que ha causado más de 200 muertes.
La propuesta de las formaciones soberanistas y de izquierdas se suma al anuncio del presidente valenciano, CarlosMazón, de crear un ente de investigación similar en las Cortes Valencianas. De hecho, Mazón reclamó hace semanas la puesta en marcha de una comisión en la cámara baja sobre la DANA para estudiar el papel de las diferentes administraciones en su respuesta, propuesta a la que se suman Sumar, Podemos, ERC y Junts.
Según consta en el acuerdo derivado por los grupos en la Mesa del Congreso, los objetivos de la comisión serían identificar a «todos los responsables con competencias en la gestión de la DANA» y «determinar responsabilidades políticas en los recortes aplicados en los servicios de emergencia y su influencia directa en la respuesta al desastre». También investigar la gestión y el «retraso en la comunicación de las alertas de Protección Civil», especialmente en áreas que recibieron las notificaciones tarde.
Por otro lado, la comisión espera poder analizar la resiliencia de las infraestructuras de drenaje y su capacidad de absorción ante episodios de lluvias intensas. «Hay que determinar hasta qué punto las estructuras actuales son adecuadas para gestionar fenómenos extremos y cómo la falta de inversiones previas puede haber aumentado el impacto del desastre», avisan.
En clave humana, la comisión también quiere revisar los testimonios de aquellos que se vieron «forzados» a trabajar a pesar del elevado riesgo que suponían las riadas, especialmente en zonas industriales y comerciales. También se quiere fiscalizar el trato que se ha tenido hacia las víctimas de la catástrofe por parte de los poderes públicos y establecer propuestas para mejorar la respuesta institucional cuando hay pérdida de bienes o secuelas sobre la salud.
Entre los últimos objetivos de la comisión está también «examinar la respuesta del gobierno valenciano y del resto de administraciones en la gestión, coordinación de efectivos de emergencia y apoyos diversos para evaluar su nivel de eficacia en la gestión de la crisis en las zonas más afectadas» y valorar posibles modificaciones en las legislaciones competentes en materia de planificación territorial en las zonas inundables.