La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado una «participación preeminente del fiscal general del Estado», Álvaro García Ortiz, en la filtración a la prensa de unos contactos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por fraude, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.
El pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo abrió una causa a García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de los correos electrónicos. Según ha publicado Europa Press, el informe de la UCO posterior al registro del despacho de Rodríguez concluye que la filtración «debe iniciarse» en la Fiscalía «y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos».
«La iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de manera directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo«, indica el informe, según el medio citado.
El documento recoge una conversación entre Rodríguez y García Ortiz en la que consta que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid avaló, la noche del 13 de marzo, la nota informativa que se difundió a la prensa un día después, pero dijo que daban ganas de meter «un poquito de cianuro». También se desprende que, esa noche, Rodríguez preguntó a García Ortiz a qué correo enviaba los emails entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador, y el fiscal general respondió dándole una dirección de Gmail.
Por otro lado, el informe de la UCO también señala a la Fiscalía como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia que el ministerio público presentó contra la pareja de Ayuso por delitos fiscales.
