Puigdemont encabezaba el complot con la Rusia de Putin

El Govern de Cataluña dirigió todo el entramado del proceso de independencia que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así lo dice un informe de la Comisaría General de Información (CGI) del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso EL TRIANGLE. «Los indicios obtenidos en el periodo de tiempo analizado (2014-2020) revelan la integración de los investigados en una estructura de organización que era dirigida por la propia administración pública catalana, controlada por la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y sus sucesivas marcas políticas, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat) y Junts per Catalunya (JxC)», dice el informe, que lleva fecha de julio de 2024.

Los investigados son Carles Puigdemont, Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay, Elsa Artadi, Gonzalo Boye, Jordi Sardà, Natàlia Boronat, Oriol Soler, Xavier Vendrell y David Madí. A los 10 catalanes, hay que añadir 12 rusos, entre los que se encuentran algunos espías del GRU, los servicios secretos militares, como Aman Urazbaievitx Iussupov, Nikolai Sergueievitx Ezhiv, Maksim Valerievitx Rodionov y Denis Viatxeslavovitx Sergueiev, más conocido como Serguei Fedotov. Los otros rusos mencionados son Aleksandr Dmitrenko, Miroslav Melnik, conocido con el alias de Miroslav Trheskal Farber, Edvard Txesnokov, Serguei Motin, Serguei Markov, Nikolai Sadovnikov, Artem Lukojanov y Serguei Sumin.

El informe explica que los investigados catalanes «han mantenido contactos con emisarios del Gobierno ruso, con miembros de alto nivel de este ejecutivo y personas relacionadas con los servicios de inteligencia de Rusia. Estas relaciones se tejieron durante años con la finalidad de conseguir que la Federación de Rusia reconociera un eventual Estado catalán independiente, en caso de producirse una declaración unilateral de independencia (DUI) de la comunidad autónoma de Cataluña que segregara este territorio del reino de España». Pero, a pesar de los esfuerzos empleados, los independentistas no consiguieron nunca que Vladímir Putin ni el Kremlin se posicionaran oficialmente respecto al tema catalán.

Los agentes de la CGI analizaron miles de folios incautados en los detenidos en las sucesivas batidas contra los organizadores del proceso que investigaba el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, así como correos electrónicos y documentos de las administraciones relacionados con las actividades de los investigados.

La cúspide, en la plaza Sant Jaume

Los resultados de la búsqueda de información son inquietantes: «Fruto de estas relaciones con emisarios del Gobierno de la Federación de Rusia y agentes relacionados con sus servicios de inteligencia, se establecieron acuerdos y contrapartidas a favor de los intereses de este país a cambio del reconocimiento y el apoyo a un hipotético Estado catalán independiente». La conclusión es que «estas interacciones con una potencia extranjera se realizaron sin el conocimiento del Gobierno de España». Además, «como consecuencia de estas interrelaciones, se produjo un grave perjuicio contra los intereses vitales del Estado y, singularmente, contra la seguridad nacional, el orden constitucional y la Unión Europea». En resumen, «las iniciativas planificadas y desarrolladas por los investigados tenían como finalidad perjudicar la autoridad del Estado, los intereses vitales de España y la estabilidad de la UE».

La estructura detectada, cuya cúspide se situaba en el despacho del presidente, «formaba parte de la estrategia de internacionalización de un proyecto mucho más amplio, que fue guiado y conducido por el propio Govern de la Generalitat por medio de una compleja y heterogénea red de intereses comunes, con la visión de configurar una República de Cataluña a través de un proceso de independencia unilateral y rupturista con el Estado constitucional vigente».

Esta estrategia de internacionalización tenía dos vías: «Por un lado, crear un relato para la opinión pública nacional e internacional favorable al reconocimiento de Cataluña como un sujeto internacional con derecho a decidir su autodeterminación y, por otro, obtener el apoyo político y económico de otros países e instituciones mundiales a su proyecto de independencia». Para este objetivo, contaba «con el factor clave de una sociedad civil movilizada de forma sostenida en el tiempo, factor que se estimaba decisivo para ‘doblegar la voluntad del Estado y forzar la negociación’ y que, desde entonces, se convertiría en la herramienta imprescindible para impulsar el proceso soberanista, como quedó demostrado en los dos escenarios de agitación independentista más álgidos del independentismo catalán: el referéndum de autodeterminación y la publicación de la sentencia del procés». Los instrumentos para la movilización eran la ANC, Òmnium Cultural y, más tarde, Tsunami Democràtic.

Según el informe, en el teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, se encontró «un esquema, que refleja la interconexión y dependencia entre las estrategias de internacionalización y mobilización social masivas dirigidas a ‘subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público’, con el objeto de hacer realidad el mandato marcado en el 1-O».

El abogado Gonzalo Boye

Las tareas eran transversales y multidisciplinarias, dice el informe, y se demuestra que algunos de los investigados operaban en varias líneas de actuación de la red. «Las acciones, aunque aparentaban responder a diferentes causas y motivaciones, en realidad fueron activadas, dirigidas y coordinadas por una única dirección y unidad de acción caracterizada por una cadena de mando centralizada y jerarquizada en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont», afirma el informe policial.

Esta estructura con Puigdemont en la cúspide se mantuvo activa, al menos, entre agosto de 2017 y octubre de 2020, «si bien algunos indicios apuntan a fechas anteriores». Durante este periodo, «la implementación de esta función la llevaron a cabo dos grupos estructurados y jerarquizados de personas, que se sucedieron cronológicamente y que fueron dirigidos por el segundo nivel de la estructura, encargado de la tarea intelectual y de planificación de las diferentes acciones que se desarrollaron para obtener el apoyo de Rusia a una eventual República catalana». En este segundo nivel se situaban Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, abogado defensor de Puigdemont.

«Las citadas personas, valiéndose de la posición privilegiada que les aportaba el cargo que representaban dentro de la estructura de su partido o de la administración de la Generalitat, anexionaron a la estructura una serie de facilitadores –tercer nivel– que se encargaron de conseguir sobre el terreno los contactos en las esferas –política, administrativa y cultural– de la Federación de Rusia con un perfil susceptible de servir sus fines e intereses». En este tercer nivel se sitúan Jordi Sardà (que presentó Sadovnikov en Terradellas, por ejemplo), Natàlia Boronat (que realizó gestiones para que Markov recibiera Terradellas), Dmitrenko o el periodista ruso Txesnokov, que invitó a Alay a la sede de su diario y publicó una entrevista con Puigdemont.

Finalmente, en un cuarto nivel se situarían «un grupo de individuos de los que se ha probado su participación objetiva en hechos concretos de la investigación, caracterizados por su proximidad a los niveles superior y directivo de la estructura». En este nivel están Francesc de Dalmases, Elsa Artadi, Carles Porta, Miquel Casals y el empresario Zeus Borrell. «Junto a todos ellos, a lo largo de la investigación se han identificado una serie de personas que tuvieron conocimiento y que, de una manera u otra, fueron partícipes de las relaciones que se estaban forjando para recabar el apoyo y el reconocimiento de la Federación de Rusia al proceso de independencia de Cataluña». Estos eran: el excónsul honorario de Letonia, experto en relaciones internacionales y comerciales, Xavier Vinyals; el exconsejero de Gobernación, Xavier Vendrell; el que fue secretario de Comunicación y Estrategia del Gobierno entre 2001 y 2003, David Madí; el empresario catalán ideólogo del secesionismo y fundador del diario Ara, Oriol Soler, y el empresario y productor cinematográfico Jaume Roures.

Medidas de seguridad

El documento afirma que «la red investigada operaba a la espalda del Gobierno de la nación con el claro propósito de perjudicar a la autoridad del Estado y comprometer los intereses vitales de España. Sus integrantes eran plenamente conscientes de la ilusión de sus actividades, como lo demuestran las numerosas y exigentes medidas de seguridad que adoptaban en las comunicaciones, restringidas únicamente a aquellas aplicaciones que consideraban seguras». Además, cuando trataban «temas sensibles» sólo lo hacían en persona. Alay, dice el informe, por ejemplo, borró todos los chats de Signal del año 2020. «En las numerosas conversaciones analizadas, se evidencia que los investigados adoptaban estas dinámicas de seguridad con naturalidad, como si se tratara de una norma de conducta inherente a la organización y comparable con la utilizada por la delincuencia organizada».

En el caso de Puigdemont, detalla el informe, «resulta muy indicativo que no se manifestara por teléfono respecto a los asuntos relacionados con la trama rusa cuando era consultado, y se limitara a hablar únicamente mediante encuentros físicos. Este modus operandi se observa durante todo el periodo en que ha sido investigada la estructura».

Los investigadores relatan que, aunque los protagonistas principales fueron cambiando (el papel preponderante de Víctor Terradellas fue después asumido por otros actores, como Alay o Boye), se aseguró el hilo estratégico, porque el nuevo responsable «aseguraba la continuidad de la línea establecida, así como ostentar un pleno dominio de las actividades, rendición de cuentas y aprobación de las iniciativas, como era Carles Puigdemont».

El varapalo al expresidente es directo. «La investigación ha podido demostrar que los integrantes de esta organización actuaron de forma concertada y organizada para obtener vínculos y relaciones de alianza con el Gobierno ruso o personas cercanas al mismo. Esta estrategia habría sido impulsada por Carles Puigdemont como director de una organización dirigida a conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral con el apoyo de una potencia internacional que contempla entre sus objetivos minar y socavar la estabilidad de Occidente y, en concreto, de la Unión Europea».

*Puedes leer el artículo entero en el número 1598 de la edición en papel de EL TRIANGLE.