El Consejo de Europa ha instado al Estado español a garantizar la enseñanza en catalán «en todos los niveles» educativos. El organismo ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades españolas después de que el pasado mes de septiembre hiciera público un informe en el que afirmaba ver con «gran preocupación» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena un 25% de clases en castellano en la escuela si una familia lo solicita, y consideraba la decisión «incompatible» con compromisos ratificados por el Estado en virtud Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
«El comité de expertos está profundamente preocupado por una serie de decisiones judiciales adoptadas por los tribunales superiores de justicia autonómicos y confirmadas por el Tribunal Supremo, cuya ejecución ha generado incertidumbres sobre el uso de la lengua en la enseñanza en varias comunidades autónomas», señalaba el Consejo de Europa en el informe publicado el pasado mes de septiembre.
Ahora, el Comité de Expertos de la Carta Europea de Las Lenguas Regionales y Minoritarias ha aprobado una serie de recomendaciones para el Estado respecto a la protección y uso del catalán y otras lenguas como el vasco, el aranés, el gallego o el aragonés. Así, el organismo reclama a las autoridades españolas garantizar la enseñanza del catalán -y del aranés, el gallego y el valenciano- en «todos los niveles» educativos en Cataluña, las Islas Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana.
Al mismo tiempo, insta al Estado a «velar» para que los tribunales saquen adelante los procedimientos penales, civiles y administrativos en catalán aranés, vasco, gallego y valenciano si una de las partes lo reclama, y que adopte medidas «para garantizar que esto se cumple en la práctica» en Cataluña, el País Vasco, Navarra, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.
En cuanto al sistema de salud, el Consejo de Europa también recomienda al gobierno español la adopción de medidas para garantizar el uso del catalán en los centros de asistencia social y sanitaria, y hace la misma recomendación para el gallego y el valenciano. También urge a España a velar para que los hablantes de la lengua catalana -así como del aranés, el vasco, el gallego y el valenciano- «puedan relacionarse en estas lenguas con las dependencias locales de la administración del Estado».
Asimismo, ha reclamado a España que tome «medidas inmediatas y resolutivas» para «proteger y salvaguardar» el catalán, la amaziga, el aragonés, el dárija -el árabe marroquí-, el leonés y sus culturas en Aragón, Castilla y León, Murcia, y en Ceuta y Melilla. El organismo ha «invitado» a las autoridades españolas a hacer un retorno sobre la adopción de las recomendaciones de acción inmediata antes del 1 de febrero de 2026.
