Unas 200 personas, incluyendo asociaciones ecologistas, pescadores y campesinos, se han manifestado en L’Escala para oponerse a los macroparques eólicos proyectados en el golfo de Roses. Denuncian que el proyecto, promovido por la Generalitat, supone una «imposición» sin consultar ni considerar alternativas que protejan el territorio, como ubicar las instalaciones en áreas ya afectadas, como polígonos industriales y autopistas.
La alcaldesa de L’Armentera, Cèlia Garbí, ha destacado la falta de diálogo por parte de la Generalitat con los municipios afectados. Garbí critica que se hayan tomado decisiones sin contar con las comunidades locales y asegura que este proyecto amenaza uno de los pocos entornos protegidos que quedan en Cataluña, afectando a la biodiversidad y a las actividades agrícolas y pesqueras del territorio.
La nueva plataforma ‘No al PLEMCAT’, creada por varios ayuntamientos y asociaciones locales, denuncia que el proyecto de ensayo eólico Plemcat «destruye» el fondo marino y perjudica el paisaje natural y las economías locales. Sostienen que el proyecto crea un «desierto marino» de 250 kilómetros con graves consecuencias para la biodiversidad y el turismo.
Los manifestantes apuestan por alternativas sostenibles, como instalar molinos de viento en zonas ya degradadas por infraestructuras y áreas urbanizadas. Defienden que estos lugares pueden proporcionar la energía necesaria sin dañar la biodiversidad ni los ecosistemas naturales, en contraste con el modelo que consideran que solo beneficia a grandes consorcios energéticos.
Las críticas incluyen también el impacto ambiental de construir estos parques, ya que consideran que la construcción liberará más CO₂ de lo que se ahorrará. La plataforma insiste en que no se opone a las energías renovables, pero quiere evitar un modelo que daña el medioambiente y presiona para defender los espacios naturales.
La protesta ha visibilizado las alegaciones presentadas contra el trazado del cableado necesario para el parque eólico. Los ayuntamientos locales piden que se modifique el recorrido para evitar que atraviese campos y municipios, reduciendo el impacto en el paisaje y la agricultura, en un proyecto que el Gobierno central prevé licitar a inicios de 2024 y que podría estar operativo en 2026.