Un informe de la Sindicatura de Comptes ha detectado que, en 2021, se abonaron pagos a funcionarios de prisiones que no se adaptaban a la normativa. Se trata del Programa de rendimiento profesional, que el año mencionado fue de 6,05 millones de euros y que, según el informe, «no se adecuaba a la estructura retributiva establecida en la normativa, ni tenía la cobertura jurídica para ser considerado como productividad». Concretamente, el escrito señala que los puestos de trabajo presupuestados de personal funcionario, laboral y el de sustituciones y eventualidades del personal laboral fue superior en 190 plazas al personal efectivo que ocupó los puestos de trabajo. El exceso de presupuesto resultante sirvió para financiar parte de las plazas coyunturales de personal funcionario.
El objeto del informe es la fiscalización de los aspectos legales y económicos con los gastos de personal de los centros penitenciarios del Departamento de Justicia. En este ámbito, la Sindicatura apunta también que la relación de puestos de trabajo del personal laboral vigente en 2021 incorporaba varias plazas que se tendrían que haber establecido como plazas de personal funcionario, puesto que no reunían las características de excepcionalidad previstas en la normativa.
Además, contabiliza 211 puestos de trabajo de personal funcionario previstos en la relación de puestos de trabajo para ser cubiertos mediante concurso específico que estaban ocupados mediante encargo de funciones. En este sentido, se cubrieron provisionalmente también por encargo de funciones 33 puestos de mando que el 31 de diciembre de 2021 llevaban entre uno y cinco años en el mismo puesto de trabajo. La Sindicatura recuerda en este sentido que, de acuerdo con la normativa, no se pueden cubrir por encargo de funciones puestos de mando que se tengan que proveer por el sistema de oposiciones.
En líneas generales, el 31 de diciembre de 2021 había 101 funcionarios adscritos provisionalmente a puestos de trabajo, de los cuales 74 por más de dos años y en 9 casos más de 10 años. El informe afirma que la permanencia en el tiempo «contraviene el carácter provisional y extraordinario previsto en la normativa por esta forma de ocupación».
Por último, afirma que en el ejercicio fiscalizado no se había publicado ningún acuerdo que regulara la jubilación anticipada en el ámbito penitenciario de acuerdo con lo que establecía el acuerdo del grupo de trabajo del ámbito penitenciario dependiente de la mesa sectorial de negociación de personal de administración y técnico de la Generalitat.
La Sindicatura emite cuatro recomendaciones: propone que el presupuesto de gastos de personal responda a las necesidades «efectivas», incluyendo la previsión de plazas a ocupar y una estimación del gasto por sustituciones y eventualidades; plantea crear un sistema «ágil» de planificación y convocatoria de plazas para evitar la prolongación de situaciones de ocupación de forma provisional e interina más allá del tiempo necesario; pide implementar la normativa oportuna para regular la segunda actividad de los trabajadores fuera de los centros penitenciarios; y recomienda formalizar convocatorias de concursos restringidos de méritos y capacidades para adscribir de forma definitiva a los puestos de segunda actividad.
