Al final del camino del Barçagate, el presunto caso de escándalo contra Josep Maria Bartomeu centrado en el no menos peligroso y criminal método de enviar tuits anónimos, el montaje mediático y la discutible predisposición de los Mossos d’Esquadra a filtrar información manipulada y tendenciosa, va quedando al descubierto. Curiosamente, este destape de una trama que también incluye leales y laureados medios de comunicación, como la cadena SER y la agencia EFE, lo está acometiendo el propio sistema de justicia al que se había remitido la causa, impulsada desde algunos grupos de opinión contrarios a la gestión de la anterior directiva y posteriormente reforzada por el propio FC Barcelona tras la decisión de la junta de Joan Laporta de personarse como acusación.
También quiso sumarse a la fiesta el exresponsable de Mediapro, Jaume Roures, querellándose contra Josep Maria Bartomeu y varios de sus ejecutivos por calumnias e injurias, en acciones que también han ido decayendo en los tribunales, como acaba de suceder en un fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha desestimado el recurso de apelación presentado por Roures contra una de las decisiones del Juzgado de Instrucción número 13, que centraliza el caso. En concreto, un auto de la magistrada Alejandra Gil que rechaza incorporar oficios policiales del 17 de enero y 7 de julio de 2023, y otro relativo a pagos a periodistas desde el club a través de una agencia de publicidad.
Las diligencias y las acusaciones practicadas anteriormente ya habían determinado que los intentos de los Mossos de demostrar una trama de financiación con dinero del Barça para que dos periodistas protegieran mediáticamente al presidente carecían de fundamento y que, en todo caso, no encajaban en las pretensiones de la querella original, añadiendo específicamente la jueza que en ningún caso la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de la policía catalana estaba autorizada a utilizar el contenido de los dispositivos y el material incautados en el registro de los particulares afectados y las oficinas del club -por cierto, practicado sin una orden de la jueza Alejandra Gil- para otros fines e intenciones. De hecho, un bufete de abogados de Barcelona víctima de un presunto abuso de los Mossos en la utilización de este mismo material presentó una querella a la vista de la gravedad de estas actuaciones.
La referida Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos ya había fracasado en otro intento de inflar la misma investigación, instando una querella contra dos ejecutivos de Bartomeu, Òscar Grau y Roman Gomez Ponti, por un delito de revelación de secretos -la publicación íntegra del contrato de Messi en un medio de Madrid- únicamente basándose en un insulto a Leo hallado en un correo interno de uno de ellos. La querella, como era presumible, no prosperó, aunque sí sirvió al principal propósito de esta aparente alianza entre los hallazgos de los Mossos y la prensa especializada en el caso, la que regularmente recoge antes que nadie las pesquisas policiales y difunde filtraciones del caso, a veces incluso antes que los propios investigados: la finalidad de provocar golpes de efecto mediáticos cuando al relato del laportismo le ha convenido apartar el foco de las atrocidades de la junta.
Legalmente, repudiable esta peligrosa facilidad con la que este sector de los Mossos ha ido alimentando con una sospechosa intermitencia y casuística periodística este tipo de desviaciones, todas ellas inadmitidas por la magistrada sistemáticamente. Además de las broncas que se ha ganado, ha provocado la indignación de la defensa de los acusados, en especial la de Josep Maria Bartomeu, por el retraso acumulado en la instrucción, inexplicable y atribuible a la desidia de los Mossos a la hora de presentar a la jueza un informe que realmente, como es la pretensión de los querellantes, pueda vincular al expresidente Bartomeu con esa presunta trama de creadores de tuits. Transcurridos cuatro años de la denuncia y de las primeras diligencias, los Mossos no han justificado la acusación, por lo que ha sido imposible formalizar la declaración de Bartomeu ante Alejandra Gil, no al menos antes de que pueda saber de qué se le acusas exactamente y sobre qué indicios o pruebas. Lo sorprendente es que en todo este tiempo, desde 2021, no se han solicitado actuaciones ni diligencias por ninguna de las partes, otra razón por la que extraña y sorprende la avidez y la diligencia de los investigadores policiales en buscar caminos fuera de la ruta de la instrucción, vías muertas que no llevan a ningún lado más allá de los sobresaltos infundados provocados por cuatro periodistas, en contraste con la dejadez y premiosidad en atender el principal objeto de la causa. Las sucesivas prórrogas forzadas por su inacción están cargando de razones a la magistrada para perder la paciencia y decretar, llegado el momento, el archivo provisional del Barçagate.
La última novedad, también conocida por el canal habitual de la SER, es la revelación de que los Mossos han encontrado mensajes en el correo de Jaume Masferrer, el asesor a la presidencia y mano derecha de Bartomeu que promovió el contrato con Nicestream, en los que se dirigía a Carlos Ibáñez, su director, con instrucciones concretas de intervención en las redes sobre casos concretos, como en el caso del fichaje del lateral senegalés Moussa Wagué, para defender la operación, o el encargo de investigar al periodista Albert Llimós, que fue quien verdaderamente reveló -y no la SER, que luego se colgó la medalla- la contratación de Nicestream para monitorizar las redes sociales azulgrana, sugiriendo que bajo ese encargo podía subyacer la creación de cuentas anónimas para crear corrientes de opinión concretas.
Localizar estos mensajes fue, lógicamente, el resultado de las primeras investigaciones y la base indiciaria de una conexión que siempre ha sido de dominio público y atribuida a una iniciativa íntegra de Jaume Masferrer, de la cual Bartomeu solo tuvo conocimiento cuando su asesor le planteó la necesidad de estar al día del pálpito barcelonista en las redes, del mismo modo que se venía haciendo desde hacía muchos años, diariamente, con la elaboración de un resumen de la prensa tradicional y, más adelante, con los contenidos de las webs, además de aprovechar las cuentas oficiales del club para potenciar los mensajes institucionales y la gestión directiva. Solo consta que Bartomeu conociera a Carlos Ibáñez de un encuentro informal en las oficinas en el que se limitaron a saludarse.
El hecho de que los Mossos empiecen a señalar a un solo culpable, Jaume Masferrer, de ser el ideólogo y estratega de las cuentas no oficiales bajo el control de Nicestream -a falta de la defensa y los argumentos que pueda oponer la empresa de Carlos Ibáñez- puede indicar que después de todo la policía haga sus deberes y eleve a definitivas sus conclusiones, en este caso sin que se haya podido determinar la menor relación directa con el presidente Josep Maria Bartomeu, además de no haber podido ampliar el espectro delictivo del caso, a pesar de esa retorcida obsesión por intentar abrir piezas separadas y generar expectativas a otras querellas que, como la de Jaume Roures, no han podido avanzar.
Ahora mismo, el Barçagate puede acabar en mucho más ruido que otra cosa.
