“El Consell de la República es un cadáver político. Un muerto con el cual nadie sabe qué hacer”. La frase es de un conocido independentista que hace unos años estaba muy cerca de Carles Puigdemont y que en los últimos tiempos se ha desentendido de él. Se pasó al sector crítico tan pronto como vio que era imposible que los gestores de la entidad dieran explicaciones de la gestión económica del Consell. “De rumores ha habido muchos, y todos espantosos. Pero ya no se trata de rumores. El Consell nació con vocación de ser democrático y transparente y lo ha sido todo menos democrático y transparente. Cuando la Asamblea de Representantes empezó a ser una molestia para Puigdemont, fue eliminada. Y, además, nadie sabe lo que esconden sus cuentas. Nadie sabe cómo se gastan el dinero que hace un tiempo entraba a chorros y ahora escasea”, añade el mismo dirigente.
Los críticos del Consell de la República se han hartado de pedir explicaciones en los dos últimos años. Todas las peticiones cayeron en saco roto. Apuntan a tres nombres de la organización como los auténticos culpables del oscurantismo con que se ha desarrollado la tarea del Consell: el mismo Carles Puigdemont, por ser el “alma”; su lugarteniente, Toni Comín, y la hermana de éste, Betona Comín, que es quien ha llevado la gestión diaria de la entidad desde hace años. Toni Comín era el que decidía y su hermana la que llamaba, organizaba y ejecutaba sus órdenes, en una tarea secundaria, pero de una gran importancia. Y, además, contando con la confianza absoluta de Puigdemont.
El escándalo ahora ha explotado en casi toda su magnitud, a pesar de que todavía no se conocen detalles sobre cómo se ha gastado el dinero, excepto algunas generalidades que se desprenden del informe del auditor de CatGlobal, la asociación que da cobertura jurídica al Consell: a 31 de diciembre del 2023 tenía un déficit patrimonial de 58.108 euros, y su vicepresidente, Toni Comín, había sufragado gastos personales por valor de 15.530 euros sin justificar. “A priori, estos gastos no parecen justificados dentro del marco de la defensa jurídica del exilio, puesto que están destinados a un cargo electo que ya dispone de ingresos propios”, dice la auditoría. Pero también hay 21.479 euros en pagos con Visa y 13.875 euros en pagos de impuestos personales.
Lo más escandaloso son los gastos del vicepresidente del Consell, Toni Comín. En estos gastos se contabilizaban el alquiler de una casa rural en el sur de Francia, donde Comín pasó unas vacaciones con su hija, con el correspondiente alquiler de un coche. También se contabilizaron los impuestos del alquiler de un piso en Lovaina (casi 5.000 euros) y una multa de tráfico de 363 euros.
“Es motivo de querella”
El auditor recuerda en su informe que “haría falta una acta del Consejo donde se aprobara la realización de estos viajes, susceptibles de ser considerados de carácter personal”. El abril del año pasado, el entonces gerente del Consell de la República, Sergi Miquel, se negó a pagar algunos gastos sospechosos de Comín.
Un mail dirigido a Puigdemont, a Antoni Castellà, a varios miembros de la dirección del Consell y a Jaume Bernis, miembro del consejo de CatGlobal, señalaba que Comín había presentado tres facturas que no estaban previstas: una de 227,43 euros; otra de 2.562 euros por el alquiler durante 17 días de una casa en Semana Santa y una tercera por 1.567,35 euros por los mismos 17 días del alquiler de un coche. “Estas tres facturas suponen un gasto total, como os decía, no previsto ni presupuestado, de 4.786,78 euros. Desde el punto de vista estrictamente financiero, esta partida extraordinaria no prevista y no acompañada de ingresos, no la podemos asumir y, por lo tanto, he dado instrucciones que no se haga frente a ella”. Añadía que “en el caso de la última, me consta que podría ser, incluso, motivo de querella y otras sanciones”. La postura de Sergi Miquel cayó mal a Comín y a su entorno. Tanto que, al cabo de pocos días, fue cesado de sus funciones, y Comín asumió de forma más directa el control de las decisiones.
En su réplica a la reciente auditoría, Comín asegura que tanto el alquiler de la casa como el del coche son gastos de representación para poder asistir a reuniones “en la Cataluña Norte”, aunque esta explicación tiene poco fundamento. Bien es verdad que desde hace algo más de un año, cuando transcendieron algunas de los gastos de la cúpula de exiliados, muchos militantes dejaron de cotizar. Antes de este verano, cuando se hizo pública la desvergüenza de Toni Comín y de Lluís Llach, los dos del gobierno del Consell, de alquilar un crucero en el Mediterráneo para pasar las vacaciones y cargarlo a las cuentas de la entidad, el grifo casi se cortó. La situación, en la actualidad, es dramática.
A pesar de que por las cuentas de Waterloo pasa más de un millón de euros anuales de dinero incontrolado, proveniente de donaciones, el ritmo de gastos es un pozo sin fondo por donde se pierden el dinero a gran velocidad. No solo se pactó dar a cada uno de los exiliados (Puigdemont, Comín y Puig) 6.333 euros en efectivo para compensarles, sino que se han cargado gastos personales de alojamiento, comidas, ocio, viajes y representación de una manera descontrolada.
En los tiempos que corren, Waterloo es un expediente X. Curiosamente, justo cuando salta el escándalo, sus gestores denuncian que han sufrido un ataque informático y se hace correr un falso correo de Toni Comín anunciando su dimisión. “Nadie se cree esto del ataque informático. Es muy sospechoso. Además, la auditoría no tiene nada que ver con ningún ataque informático, sino que fue realizada por un despacho ajeno a la entidad, contratado por los gestores de CatGlobal”, dice un activista del Consell. A pesar de esto, desde Waterloo se intentó vincular el supuesto ataque a la filtración de datos, como si los números que han llegado a la opinión pública fueran manipulados y no provenientes de una auditoría interna.
Uno de los hombres de confianza de Carles Puigdemont contribuyó a la campaña de desinformación y oscurantismo: Agustí Colomines, el que había sido director de la Fundación CatDem, obligada a cerrar después de demostrarse que era la correa de transmisión de los sobornos del 3% del Palau de la Música hacia Convergència. “Acabo de recibir este correo, que es falso. Han pirateado la base de datos del Consell de la República y están distribuyendo información tóxica. Haced difusión de este ataque fascista”. Las críticas que ha recibido Colomines son históricas. Desde los que lo acusaban de banalizar el fascismo hasta los que lo acusaban simplemente de ser un mentiroso. Pero, además, muchos internautas se hacían una pregunta: “¿Dónde están los datos de la gente? ¿En qué manos han quedado?”, decía uno. Y otro apuntaba: “¿Cómo puede ser que pirateen la base de datos del Consell? ¿No estaban tan protegidos nuestros datos fuera de España?”.
El misterio de los ingresos
Pero hay otra cuestión que es tan importante como los gastos: los ingresos. Todo parece indicar que la ingeniería financiera montada en el extranjero por Puigdemont se hizo cuando él todavía era presidente de la Generalitat. Antes de su fuga, el 1 de enero del 2017, el ex-dirigente de Convergència Miquel Esquirol constituyó en Barcelona la Asociación Unidos por el Fomento de la Cohesión y la Catalanidad. El 25 de octubre, después del referéndum y dos días antes de que Puigdemont llevara al Parlamento la moción para proclamar la República, su contable, Jaume Cabaní, abrió una cuenta en Bélgica, desde la cual en los siguientes meses, hasta que fue cerrada el 19 de mayo del 2018, se canalizarían 364.927 euros. La mencionada asociación sufragó gastos de los huídos por 112.000 euros. Por esta cuenta también pasaron donaciones de la ANC y de Òmnium por una suma total de 80.000 euros. Se trataba de un continuo flujo de fondos opacos que llegaban mayoritariamente en forma de donaciones anónimas. La cuenta fue utilizada para pagar comidas, hoteles, alquileres, abogados y saraos de los residentes en Bélgica, como una partida de 900 euros el 1 de mayo del 2018 a “Gemma-Berlín”.
A pesar del sonado escándalo, en los círculos independentistas, excepto honrosas excepciones como las de El Món e incluso Vilaweb, se ha hecho un silencio absoluto sobre el tema. Para el sobiranismo, lo que no sale en sus medios no existe, de la cual cosa se tiene que deducir que en el Consell de la República hay un escándalo mayúsculo pero muy poco escandaloso. Los gurús callan y miran hacia otra banda, eludiendo la dolorosa realidad. Autocrítica e independentismo son conceptos que nunca se han entendido bien.
Josep Costa, que en los últimos tiempos se muestra muy escéptico con la estrategia dictada desde Waterloo, dejaba caer una reflexión, aunque sin hacer sangre: “Por si no hubiera suficiente de haber derrochado la energía política del 1-O y todas las movilizaciones posteriores, a toda la gente que se ha rascado el bolsillo y ha dado gratuitamente su tiempo solo le faltaba descubrir que también se ha derrochado su dinero. Vergüenza, señores”. Y señalaba en otro mensaje que “el Consell de la República podía ser el Gobierno al exilio, una verdadera organización para la liberación de Cataluña, o ser lo que ha acabado siendo (os dejo las definiciones a vosotros). El problema no es, como con todo, que fuera una mala idea. Es que no se lo han tomado seriamente”.
Mucho más duro es el abogado Lluís Gibert, pasado al sector crítico hace un tiempo. Acompañando una foto de Comín con su salario anual de eurodiputado (124.529,16 euros), el letrado exponía por escrito lo que muchos piensan: “Se tiene que ser una auténtica rata miserable para rapiñar la donación del tío Josep o la de la tía Remei ganando el sueldo que ganaba. Pero mucho. Estos son nuestros héroes”.
Falta por auditar, no obstante, la Asociación Cataluña Cultura y Progreso (Catcip), que financia el chalé de Waterloo y que, según parece, también opera en Cataluña, cubriéndole la cuestión jurídica en territorio español. Las dos asociaciones se repartieron las tareas el año pasado: CatGlobal se encargaría de apoyar financieramente al Consell de la República y Catcip se encargaría de los gastos del palacete. Pero los gastos de las dos asociaciones se mezclaban inexplicablemente, vulnerando la normativa belga: CatGlobal, por ejemplo, concedió a Catcip una subvención de 58.970 euros sin ningún documento que justificara el traspaso de fondos. Al parecer, fue un acuerdo verbal de los responsables de las asociaciones. Pero el auditor subraya que se tendría que haber utilizado la figura de la donación para hacer el traspaso de dinero.
Fuentes soberanistas señalan a EL TRIANGLE que si se conocieran todos los gastos detallados del Consell de la República (e incluso sus ingresos), el escándalo podía ser de dimensiones cósmicas. Pero las cuentas de Waterloo son el secreto mejor guardado de todo el proceso, a pesar de las peleas internas y al gran enfado de los gestores de CatGlobal, que encargaron una auditoría externa para conocer en profundidad la gestión del dinero que trasladaban con matemática puntualidad al Consell de la República.
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