Es inadecuada la opinión de que el poder que tienen jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado funciona mal, o muy mal. Lo cierto es que unos funcionan mejor o peor que otros.
El resultado de las casi cien demandas idénticas que interpusimos por el retraso de un avión croata, que se repartieron en más de una decena de juzgados de lo mercantil, me parece tan inverosímil como incongruente y puede dar una muestra del caos judicial que padecemos. En pocos meses obtuvimos la primera sentencia favorable, enseguida otra desestimatoria, los requerimientos reiterados de datos y direcciones de la aerolínea, incluso que se redactasen los documentos en el idioma de la demandada, retrasaron procedimientos hasta el punto de que, casi cuatro años después, desistimos de facto en una cuarta parte de las demandas.
Y qué decir de los procesos por el Tribunal Supremo de extradición de cabecillas de la intentona separatista en Cataluña o de la deslegitimación de la fiscalía general del Estado por corregir informaciones falsas que le afectan, o la persecución de familiares del presidente del Gobierno, o la manifestación de togas y puñetas contra una ley en trámite en el Congreso. Mi sensación es que se va como un pollo sin cabeza. Cuanto menos.
Hay quien opina que este desastre proviene de que a la función judicial franquista le siguió el poder judicial constitucional sin solución de continuidad, en las formas esenciales de acceso a la carrera y en la ausencia de posibilidades externas adecuadas de pedirles responsabilidades.
Pero hay más. El modelo de Estado que se plasmó en la Tercera República Francesa hace aguas, ha concluido su vida por agotamiento e incapacidad de gestionar el enorme ámbito de actuación en el que opera. La mayor acumulación de riqueza de la historia, el 1% de la población mundial tiene tanto como el 95%, el cambio en el sistema productivo que origina la robotización, la denominada inteligencia artificial, más el cambio en las costumbres y la familia, el sistema de valores que impone, conduce a refugiarse en nacionalidades imaginarias y en deseos frustrantes, como los cambios de género a voluntad. La formación solo para servir en el puesto de trabajo que se asigne. La educación ha de venir puesta de casa.
Con logros indiscutibles que han hecho avanzar a la humanidad, este Estado no es el fin de la historia. Hay otras cosas y necesidades que atender ahora. Lo que pasa es que no sabemos concretar esas cosas y necesidades, ni cómo atenderlas. En el siglo pasado, durante setenta años, se pudo creer que existía una alternativa, pero fue una simple ilusión que se disolvió antes que el orden neoliberal en fase de caducidad. Estamos ante un vacío, una crisis.
Se siguen utilizando categorías de Ley, de decisión judicial y de juez, lejos de su contenido original, con escasa utilidad actual. La función del juez no acaba, como la del científico social, en la comprensión de la realidad, sino que contribuye a la configuración de esa misma realidad mediante la decisión de las demandas que las partes le plantean.
La noción de igualdad es la forma política de la justicia (Kelsen). Entre el principio de igualdad, la idea de soberanía y la concepción de la Ley como expresión de la voluntad general hay una relación necesaria. El principio de igualdad se agota en la construcción del concepto de Ley, el legislador es libre para dotar de relevancia jurídica a unos elementos de la realidad frente a otros, eso jurídicamente es intachable. No cabe juzgar la obra del legislador, ni afirmar que introduce igualdades o desigualdades. Esa afirmación puede hacerse desde el punto de vista ético o político, pero en ningún caso desde el punto de vista jurídico y no puede juzgarla ni revisarla ningún juez, solo el Tribunal Constitucional.
Lo que hay que exigir al juez es que no se coloque nunca en el lugar del legislador, que no formule sus decisiones en forma de normas generales y que se abstenga, en lo posible, de interpretar la Ley, y solo para aplicarla en los términos en que está definida, nunca para obviarla.
La sociedad aparece ya como un todo heterogéneo de individuos, solo iguales en cuanto ciudadanos, integrado por muchos grupos distintos, por clases y por personas que están en situaciones reales distintas y respecto de los cuales es un despropósito decir que se procura el bien común y se opera en nombre de todos.
La lucha de clases continúa, aunque ahora parezca adormilada.