La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles explorar «vías legales» para «dejar sin efecto» las reclamaciones de pagos indebidos a beneficiarios de prestaciones sociales después de que la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, haya pedido al departamento que no exija el retorno económico de los pagos cuando el responsable del error es la administración.
En una comparecencia en el Parlamento catalán, Martínez Bravo ha cifrado en 2.829 los casos de pagos indebidos, una conclusión a la cual se llegó después de haber detectado 12.500 casos potenciales, a los cuales se pidió información adicional para evaluar si habían recibido pagos indebidos. Según ha explicado la consejera, el 51% de los pagos indebidos se deben a solapamientos entre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, y el importe medio que se reclama es de 7.757 euros.
Ante la detección de casos de pagos indebidos, Martínez Bravo ha defendido «amnistiar» el retorno en los casos en los que las personas beneficiarias documenten que siguen «en situación de vulnerabilidad y que no ha habido mala fe o intento de esconder información», unos requisitos que, ha dicho la consejera, cumplen «la mayoría de los casos». La titular de Derechos Sociales ha apostado por la condonación al considerar que reclamar los pagos indebidos es «incompatible con el objetivo» que tiene la renta garantizada de ciudadanía de luchar contra la exclusión social y la vulnerabilidad.
Para sacar adelante «la amnistía» en los pagos indebidos, Martínez Bravo ha señalado que hay jurisprudencia que avala esta medida y ha citado sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinan que el perjuicio que se genera a la persona no es proporcional a la recuperación de la deuda en los casos en los que no se ha cometido ningún error ni ha habido mala fe.
En una atención a medios posterior, la consejera ha apuntado que la opción más «ágil» para que la mayoría de los pagos indebidos no se tengan que devolver es a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. «Si se atrasan, ya buscaríamos otras medidas, pero esta es en este momento la más viable y ágil», ha asegurado.