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La justicia italiana ordena el regreso a Italia de los migrantes enviados a un centro de deportación en Albania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su llegada al Consejo Europeo de octubre (Unión Europea)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su llegada al Consejo Europeo de octubre (Unión Europea).

La sección de inmigración del Tribunal de Roma (Italia) ha declarado ilegal la reclusión de los primeros migrantes enviados por el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni a un centro de deportación en Albania. En una sentencia publicada este viernes, la justicia italiana ordena el retorno de los 16 solicitantes de asilo a Italia, cuatro de los cuales ya habían regresado debido a que eran menores o se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad, argumentando que sus países de origen, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse «seguros». Según el acuerdo entre el gobierno italiano y el albanés, solo se pueden trasladar a Albania migrantes procedentes de países seguros.

Italia envió a principios de semana el primer barco con 16 solicitantes de asilo de Egipto y Bangladesh a un centro de deportación en Albania. El mismo día que el grupo de migrantes llegó a territorio albanés, se ordenó el regreso inmediato a Italia de cuatro de ellos, dos de los cuales eran menores y otros dos más estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Ahora, la justicia italiana ha ordenado el regreso de los 12 migrantes que aún se encontraban en Albania, ya que considera que sus países de origen no son seguros y que, por lo tanto, su «derecho a la libertad» solo está garantizado en Italia.

El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni firmó un acuerdo con Albania para crear centros de deportación en territorio albanés donde gestionar las solicitudes de asilo y las posibles expulsiones de los migrantes que llegaban a Italia. Esta misma semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó a los 27 estados miembros de la Unión Europea replicar el modelo de Meloni y crear centros de deportación fuera de la UE para hacer frente a la inmigración irregular. La iniciativa ha sido rechazada por España, Bélgica e Irlanda, pero países como Dinamarca, los Países Bajos y los estados del Este de la UE han mostrado interés en estudiar la medida.

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