La Fiscalía General del Estado ha presentado un alegato al Tribunal Constitucional (TC) en el que rechaza la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de amnistía. El documento que ha avanzado El País de 49 páginas solicita que la cuestión no se admita por motivos formales y que, si se admite, se rechacen los argumentos del Supremo, los cuales considera políticos más que jurídicos.
La Fiscalía considera que el alto tribunal “no identifica con precisión los preceptos legales la constitucionalidad de los cuales” cuestiona y que esgrime, además, en muchos casos, “argumentos de traza limpiamente ideológica y política”. “En realidad, el Tribunal Supremo no plantea en este caso una duda de constitucionalidad sobre una norma legal sino que rechaza con convicción absoluta la existencia misma de la ley, y, en definitiva, la decisión política de aprobarla», argumenta.
Por otro lado, el ministerio público también critica que el Supremo se exceda en sus valoraciones sobre lo que decía la misma sentencia contra el 1-O y le reprocha que insista ahora «en caracterizar como golpe de Estado aquellos acontecimientos y tildar de golpistas sus artífices», cuando, como recuerda la Fiscalía, el conflicto se calificó «originariamente» como «sedicioso». Además, considera errónea la interpretación que el Supremo hace del preámbulo de la ley, porque considera que el legislador asume que la amnistía es una reacción a una injusticia cuando no se tiene que reprochar nada a la actuación de los poderes públicos.
Por otro lado, la Fiscalía rechaza que solo se pueda aprobar una ley de amnistía para «facilitar o consolidar el tránsito de una dictadura a una democracia, de un régimen político que recorta las libertades a otro que busca garantizarlas», y sostiene que la ley da el mismo trato a los que cometieron los actos sediciosos (los independentistas) y a los policías que intentaron evitarlos.
Finalmente, el ministerio público alega que el origen político de la ley no puede ser motivo de impugnación. El fiscal reflexiona sobre los acuerdos parlamentarios conseguidos para aprobar la ley de amnistía y sostiene que no corresponde ni al ministerio público ni al Tribunal Constitucional juzgar este pacto político, una cosa que, según sostiene, hace el Tribunal Supremo para apoyar sus impugnaciones a la norma.