Dos episodios primordiales de la historia reciente de Andorra se están dilucidando, este otoño, lejos de los valles de las Valires. De un lado, el Congreso de los Diputados inicia, este martes día 15, los interrogatorios de los principales implicados, víctimas y testigos de la Operación Cataluña, urdida en 2012 por el Ministerio del Interior del PP para descabezar el movimiento independentista catalán.
En total, comparecerán, en las sesiones programadas, un total de 20 políticos, funcionarios, empresarios y periodistas que conocieron muy de cerca, participaron o sufrieron las cloacas policiales del Estado. Una de las consecuencias de la Operación Cataluña fue la intervención y posterior liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid, donde se sospechaba que destacados líderes soberanistas, como la familia Pujol, tenían fortunas secretas escondidas.
La confesión de «Paco Bomba»
Para este día 15, está anunciado el interrogatorio de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, cargo de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz; y del exdirector adjunto operativo (DAO) de la policía Eugenio Pino. Ambos tuvieron una intervención muy directa en la guerra sucia contra el independentismo catalán y en la conspiración que acabó con la BPA.
En una carta que “Paco Bomba” publicó en el diario El Mundo en 2020, el exsecretario de Estado de Seguridad confesaba que, después de tener un profundo conocimiento documental del caso BPA, estaba convencido de que su incautación tuvo “ un evidente cariz político” y que la consideraba “injustificada, desproporcionada e injusta”.
El exsecretario de Estado, que ahora será interrogado por los diputados, reconocía en su carta que “a veces, no pocas, los poderes públicos causan graves perjuicios con actuaciones que, al fin y al cabo, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o, sencillamente, injustas, como parece ser en este caso”.
La «solución final»
Por su parte, Eugenio Pino, comisario de policía y director adjunto operativo (DAO) del ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz, era el jefe jerárquico de la «policía patriótica» que logró la imputación de toda la familia Pujol por corrupción y blanqueo de dinero. A partir de las informaciones de Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, y del supuesto chivatazo de Manuel Cerqueda, presidente del Andbank, los hombres de Eugenio Pino llegaron a la conclusión de que los Pujol guardaban el tesoro en la BPA.
El problema es que no tenían las pruebas necesarias para que el juez de la Audiencia Nacional pudiera procesar y condenar al expresidente de la Generalitat y su familia. De ahí que orquestaran una sucia maniobra de presión sobre los máximos ejecutivos de la BPA (Higini Cierco y Joan Pau Miquel). Pero no obtuvieron los documentos que buscaban y decidieron que era necesario aplicar la “solución final”: reventar el banco, con la colaboración de sus contactos de confianza en Estados Unidos, y acceder, así, a las cuentas.
Protagonistas y testigos capitales
En la segunda sesión, programada para el próximo 30 de octubre, serán interrogados los policías Marcelino Martín Blas, el enlace con el CNI, y Celestino Barroso, exagregado de Seguridad de la embajada de España en Andorra. Estos dos funcionarios tuvieron un papel clave en la operación contra la BPA.
Para futuras sesiones, la comisión parlamentaria de investigación tiene previsto interrogar a Higini Cierco, exaccionista de la BPA; Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de esta entidad bancaria; los periodistas Quico Sallés y Mayka Navarro; los exministros Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; los políticos Oriol Junqueras, Artur Mas, Xavier Trias y Alicia Sánchez-Camacho; el abogado Agustí Carles; y los altos cargos Ignacio Cosidó (exdirector general de la Policía) y Juan Manuel Vega Serrano (exdirector del Sepblac); todos ellos protagonistas y testigos primordiales para esclarecer los hechos.
El Tribunal de Corts va con pies de plomo
La comisión parlamentaria de investigación carece de competencias ejecutivas, pero al final de sus trabajos emitirá unas conclusiones de gran valor político. Si se constata, entre otros extremos, que la intervención y liquidación de la BPA fue un daño colateral de la guerra sucia de las cloacas policiales, eso tendrá un gran impacto sobre los procedimientos judiciales abiertos en Andorra.
Esta puede ser la razón por la que el Tribunal de Corts, presidido por el magistrado Enric Anglada, ha decidido posponer hasta el próximo verano la emisión de la sentencia sobre el caso Gao Ping, la primera pieza separada del voluminoso sumario de la BPA. Los tres miembros del tribunal -pese a las fuertes presiones del exfiscal Alfons Alberca y de la instructora, Canòlic Mingorance para que dictaran ya la sentencia- prefirieron ir con pies de plomo para no hacer el ridículo, a la espera del veredicto de la comisión parlamentaria de investigación.
Pánico en el Vaticano por los «diamantes de sangre»
Además de la comisión sobre la Operación Cataluña, existe un segundo caso que se está investigando en Madrid y que tiene graves consecuencias en Andorra. Se trata del tráfico de los “diamantes de sangre”, procedentes de Sierra Leona y Liberia, del que se lucró la empresa andorrana Orfund. El negocio de los “diamantes de sangre” está en el origen de la guerra civil y del genocidio que asoló esta zona de África a finales del pasado siglo.
El magistrado de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge Mesas ha decidido, finalmente, sacar adelante la instrucción de este sumario, instado por un antiguo esclavo de las minas de Sierra Leona, pese a la oposición inicial de la Fiscalía, que consideraba que los delitos denunciados ya habían prescrito. Esto significa que, en los próximos días y semanas, serán llamados a declarar los testigos que figuran en la querella, entre los que se encuentran diez ciudadanos de Andorra vinculados a las actividades criminales de Orfund.
Destacan, en este sentido, los exministros Jordi Cinca –actual presidente del Fondo de Reserva de Jubilación– y Càndid Naudi, además de Miquel Canturri, consejero por DA del común de Andorra la Vella. El impacto del escándalo de los “diamantes de sangre” provoca pánico en el Vaticano, ya que salpica de lleno el coprincipado episcopal. Monseñor Joan Enric Vives, pese a la extrema gravedad de los hechos, nunca condenó ese genocidio.
