Cerca de una veintena de entidades y colectivos han mostrado este lunes su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de sacar adelante la compra de 22 dispositivos conductores de energía (DCE), también conocidos como pistolas Taser o eléctricas. Entidades relacionadas con la salud mental, colegios profesionales como los de terapeutas y trabajo social, abogados defensores de los derechos civiles, entidades de derechos humanos, SOSRacismo o Top Manta Barcelona, entre otras, dicen que el Ayuntamiento no ha hecho un proceso participativo como es debido y que no están claros los motivos de la compra de estas armas, de las cuales advierten de los riesgos.
Según el manifiesto firmado, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del posible efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, dicen que hay que considerar los distintos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, AmnistíaInternacional ha insistido en la importancia de que las administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es. La decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana, sin embargo, ha contado únicamente con un criterio policial, dicen, “sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales”.
Esta decisión evidencia, para las entidades, la discrecionalidad de los ayuntamientos a la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometido a un ejercicio transparente y democrático, así como en un debate público con información técnica independiente. A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona abrió una consulta pública previamente a la elaboración del proyecto normativo que tendrá que regular el uso de los DCE, esta se hizo sin que la administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, “impidiendo un proceso de participación efectiva”. Así mismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a varias organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que en comporta su uso.
La poca información que ha transcendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear una nueva arma que permita hacer frente a episodios de agitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las cuales se desaconseja su uso, dicen las entidades.
Entidades de salud mental catalanas han advertido en reiteradas ocasiones que el uso de pistolas Taser supone un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas, dada el alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y momentos mal interpretados como de agitación por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, recalcan que el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible. Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en el que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación con el resto de la población.
Por todo esto, las entidades reclaman la suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser y que se abra un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad. Además, piden la realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo a los criterios de uso esgrimidos por el cuerpo policial, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, las recomendaciones del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.
Advertencias de las Naciones Unidas
El año 2009, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas instó al Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías locales, puesto que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar la Convención contra la Tortura”. El Comité también ha considerado que estas armas no tienen que formar parte del equipo del personal de seguridad en las prisiones y en otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental. Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que los Estados tienen que “velar porque las armas menos letales sean sometidas a estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho a la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas”.
