Joan Laporta ha intentado, por todos los medios, que la incisiva y profunda herida provocada por el pozo sin fondo de Barça Studios pareciera apenas un rasguño en la formulación de unas cuentas que, finalmente, no solo han dejado bastante atrás la efímera y embustera afirmación de que el ejercicio 2023-24 se ha cerrado con 12 millones de beneficio. Una semana después de avanzar los resultados, mediante un informe manipulado y sesgado sobre el verdadero balance del curso, el bombazo financiero ha explotado cuando se ha puesto al descubierto el informe del auditor, Grant Thornton, con una relevante excepción que, en síntesis, riñe a Laporta por no haber aplicado un deterioro del valor de la sociedad Bridgeburg Invest, el contenedor donde se supone que han ido a parar el fondo audiovisual y los activos digitales (NFT’s, Metaverso, Fan Token y Web 3.0) para su comercialización, que podría haber aumentado las pérdidas hasta 208 millones más sobre los 141 millones que ya le ha impuesto en las cuentas derivadas de los reiterados impagos de los ingresos contables anotados de 200 millones en el verano de 2022. Dicho de otro modo, las cuentas que llevará a la asamblea no son las correctas en opinión del auditor porque las pérdidas deberían ser sustancialmente superiores a los 91 millones.
Da aquel humo, por culpa de una operación y un negocio ficticios e ilusorios bajo la marca de Barça Vision, proviene el fuego tan candente actual y la seria amonestación del auditor cuya consecuencia directa supone presentar a los socios, en la asamblea del día 19, un balance irreal y adulterado, un escándalo y una infracción de una gravedad extrema por parte la junta de Joan Laporta que los compromisarios han de resolver con su voto y aprobación, o no, de las cuentas. Las consecuencias de desafiar e ignorar la advertencia de quienes tienen la obligación de confirmar que los estados financieros del club reflejan fehacientemente la realidad pueden ser muy serias y afectar el futuro del Barça hasta comprometer, incluso, la propia consideración de empresa en funcionamiento.
La situación ya se había complicado en el proceso de cierre del ejercicio cuando el auditor no se creyó, por tercer año consecutivo, el cuento de la inminente llegada del dinero procedente de inversores fantasma y la no menos fantasiosa reconducción de un plan de negocio que por dos temporadas ni se ha cumplido ni tiene el menor atractivo para el capital. Esta vez le hizo aprovisionar los impagos pendientes por un valor de 141 millones en forma de pérdidas y, además, justificadamente, le conminó a una revaluación del valor del 53% del accionariado propiedad del FC Barcelona que, por equivalencia con la venta del otro 47%, se había convertido el año anterior en un ingreso de 208 millones. «El club no nos ha facilitado una nueva valoración considerando los hechos indicados. Por todo ello, consideramos que hay indicios claros de deterioro a fecha del presente informe que no hemos podido cuantificar de forma objetiva ni, en consecuencia, su efecto sobre las cuentas anuales consolidadas», ha escrito el auditor.
El mensaje es aún peor de lo que parece, pues a la invitación amistosa de Grant Thornton para calibrar y ejecutar voluntariamente la reversión de la compañía, ni que fuera parcialmente, Laporta ni le contesta, precisamente para forzar que en la excepción de su informe el auditor no pueda discutir ni opinar sobre la presunta cantidad a añadir a los números rojos del ejercicio, que asciende a 91 millones. En opinión de los expertos, si el auditor ha razonado que los impagos previstos de 141 millones suponen el 70% de la fallida capitalización (200 millones) sobre el 47% vendido a diferentes socios, la estimación real del detrimento del resto podría alcanzar hasta el cien por cien de esos 208 millones porque la deserción de los inversores, reiterada, pública y evidente, también ha comportado la absoluta inactividad de la empresa, la ausencia de facturación y, en definitiva, la confirmación de un fracaso indiscutible de esa aventura empresarial y de sus inútiles esfuerzos financieros por aparentar constantes vitales.
Laporta, por tanto, ha mentido y engañado triplemente a los socios desde el pasado mes de junio cuando ya era plenamente consciente de que Grant Thornton no iba a tragar otra vez con la misma farsa. Primero, asegurando que los beneficios (ordinarios) eran de 12 millones, una precisión innecesaria que ya hizo presumir que el presidente volvía a recurrir a trucos dialécticos para posponer la inevitable anotación de otro déficit histórico. Como necesitaba columpiarse mediáticamente para pasar el verano sin esa mala publicidad siguió con el bulo hasta apurar el límite legal del plazo para hacer públicas las cuentas del ejercicio 2023-24 hasta la puesta de sol del 30 de septiembre, momento de escenificar el segundo gran engaño a base de introducir en el relato de la cuenta de explotación consideraciones sobre las actividades ordinarias con la única finalidad de abundar en el confusionismo y maquillar la realidad de haber arrojado 91 millones de pérdidas.
Finalmente, una semana más tarde, cuando por la obligación estatutaria la junta ha debido mostrar la auditoría a los socios es cuando se ha detectado esta nueva omisión del criterio de Grant Thornton y otra burla a los socios en cuanto a transparencia y rigor en la formulación de las cuentas.
La duda, a menos que Laporta dé marcha atrás, siempre radicará en qué hubiera pasado si la asamblea de 19-O fuera presencial.
