El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por siete votos a favor y uno en contra no admitir la recusación de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. La magistrada ConcepciónEspejel ha anunciado un voto discrepante con la composición del pleno (formado solo por los ocho vocales que no han sido recusados) y sobre el objeto de la recusación, pero se ha mostrado de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría. Por otro lado, el magistrado EnriqueArnaldo también ha anunciado un voto particular para disentir de la composición del pleno.
Los populares pretendían que Conde-Pumpido se apartara de las deliberaciones de los recursos a la ley de amnistía por falta de imparcialidad, del mismo modo que se apartó voluntariamente del debate sobre los recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo por unas manifestaciones en una conferencia de 2017 en contra del proceso independentista. Los magistrados, sin embargo, sostienen que aquellas declaraciones y las causas en las que se abstuvo «no coinciden» con la cuestión actual, porque la ley de amnistía «no existía en el momento» en el que decidió apartarse ni tienen nada que ver «con el problema constitucional suscitado ahora».
«El objeto de la impugnación es resolver sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, que se impugna de forma global y particularizada», sostienen, y, por lo tanto, sobre una norma penal «que no existía en el momento de suscitarse la abstención». Además, según el Constitucional, «las manifestaciones controvertidas que hizo entonces no se referían al problema constitucional suscitado en este procedimiento».
El pleno del TC marca de este modo el camino que se podría aplicar al resto de recusaciones presentadas contra miembros del tribunal. En total, se han registrado 54: 9 contra Conde-Pumpido, 9 contra la también progresista LauraDíez, 9 contra el exministro Juan Carlos Campo (que ya se apartó voluntariamente de las deliberaciones), y 27, incluida la de la Fiscalía, contra el magistrado conservador José María Macías, que firmó los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ley mientras era vocal del órgano de gobierno de los jueces.
Los magistrados objeto de recusación no han participado en las deliberaciones, de forma que el pleno se ha celebrado solo con los ocho miembros del TC restantes y un empate a cuatro progresistas y cuatro conservadores que se ha decantado por no admitir las recusaciones.