El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado su intención de recorrer las Españas para explicar las características y bondades de la financiación singular, pactada con ERC, que propugna para Cataluña. Está convencido, con el apoyo del presidente español, Pedro Sánchez, que es un win win que aprovechará al conjunto de comunidades autónomas, siempre que se abandone la absurda y destructiva carrera del dumping fiscal entre territorios, que lidera el Madrid de la ultraliberal Isabel Díaz Ayuso.
Situados en el año 24 del siglo XXI, el gran problema que afronta España no es la hipotética independencia de Cataluña y del País Vasco: es la enorme fuerza centrípeta que ejerce Madrid, que, según la proyección que hace el urbanista Fernando Caballero (autor del celebrado ensayo Madrid DF), alcanzará los 10 millones de habitantes en la raya del 2050, consolidándose como la gran metrópoli del sur de Europa, en detrimento de Barcelona y de la capital portuguesa, Lisboa.
Gracias a sus potentes infraestructuras –el aeropuerto de Barajas, la M-40 y el esquema radial del AVE– y sin ningún accidente geográfico que se lo impida, Madrid está creciendo rápidamente, con la llegada de 100.000 nuevos habitantes cada año. No es solo la emigración que, históricamente, succiona de la península y que deja un desierto a su alrededor: la capital de España se ha convertido, en los últimos años, en la gran pista de aterrizaje de la migración latinoamericana –la rica y la pobre– y se ha convertido en la alternativa europea a Miami.
Según la prospectiva que hace Madrid DF, la capital del Estado tiene la pretensión de convertirse en una gran megalópolis europea y mundial, haciendo la competencia directa a París, Londres, Milán y Fráncfort. (Pero también es cuestión de poner los pies en el suelo y recordar al ambicioso Fernando Caballero que en China hay, actualmente, 29 ciudades con más de 5 millones de habitantes, de las cuales 11 tienen más de 10 millones de habitantes).
En vez de ver al enemigo en Cataluña, el grupo de dirigentes autonómicos que se han mostrado más refractarios a nuestra propuesta de financiación singular (los de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia…) tendrían que entender que en España hay dos modelos de desarrollo y de crecimiento en juego: 1) lahidrocefalia de Madrid, que condena al resto de comunidades a la marginalidad y a la inexorable decadencia; 2) un modelo federal, organizado a partir de la red de grandes ciudades peninsulares (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Vigo, Valladolid, Bilbao…), que garantiza el equilibrio territorial.
Por eso, y más allá de los tópicos y de los tics catalanofóbicos, la tournée de Salvador Illa tiene muchas posibilidades de salir bien, si tiene tiempo para explicarse y encuentra a unos interlocutores dispuestos a escucharle y a debatir en detalle lo que les propone. Quedan tres años para las próximas elecciones municipales y generales (con el permiso de Carles Puigdemont) y este es un paréntesis precioso para poder acometer algunas de las grandes reformas que necesita el Estado español, una de las cuales es la evolución del sistema autonómico al federal, empezando por la reformulación del Senado como Cámara territorial.
Madrid nos mata, y el problema lo tenemos todos. Hay otra España y otra península posibles, de la cual el corredor ferroviario mediterráneo, que ahora avanza con decisión, es una pieza clave. También el corredor atlántico, que debe unir en alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo, es básico en este esquema alternativo al megaMadrid.
No solo los aeropuertos son importantes en las comunicaciones del siglo XXI. Los puertos de mar son fundamentales para el tráfico de mercancías. Y puerto, Madrid no tiene. Muchas de las grandes ciudades del mundo están ligadas a la actividad portuaria (Shangái, Shenzhen, Hong Kong, Singapur, Nueva York, Los Angeles…) y esta evidencia tiene que ser un motor de crecimiento para Barcelona, Valencia, Bilbao, Vigo, Sines/Lisboa…
La financiación singular que defiende Salvador Illa no quiere decir financiación exclusiva ni excluyente. Se trata de corresponsabilizar a los gobiernos autonómicos, encabezados por el de Cataluña, en la recaudación y gestión de los impuestos, desde el convencimiento que una administración tributaria de proximidad será mucho más eficiente y eficaz.
Históricamente, las comunidades autónomas -salvo el País Vasco y Navarra- se han dedicado a recibir y a gastar los recursos que les envían desde Madrid. Las autoridades autonómicas lo han tenido fácil: son simpáticas repartidoras de dinero público, sin tener que pagar el incómodo peaje de la recaudación fiscal, que, a buen seguro, deterioraría su imagen de opulentas benefactoras.
Pero el dinero no llueve del cielo y asumir la tarea de recaudar los impuestos es la gran asignatura pendiente que tienen los gobiernos autonómicos. Sabiendo que con este sistema tributario descentralizado que promueve el presidente Salvador Illa, las comunidades serán, en resumidas cuentas, las grandes beneficiarias, puesto que los ingresos fiscales incrementarán en origen y se mantendrán los fondos de solidaridad -españoles y europeos- para compensar a los territorios más atrasados, de forma que sus habitantes tendrán garantizados unos servicios públicos de calidad.
España ha evolucionado mucho y hoy el anticatalanismo primario, azuzado tradicionalmente por la Brunete mediática madrileña, ya no vende. Entre otras cosas, porque con este discurso etnicista, el PP sabe que no tendrá nunca éxito electoral en Cataluña. En este sentido, hay que valorar positivamente la moderación de Alberto Núñez Feijóo, que esperemos que transmita a sus barones territoriales.
Salvador Illa sabe que sin la colaboración del PP, el nuevo modelo de financiación autonómica que propone no podrá concretarse. Entre las primeras alianzas que el presidente catalán deberá tejer están los presidentes populares de la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, que son nuestros vecinos.