La Abogacía del Estado pide al TC que rechace la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre la amnistía

El escrito registrado este jueves sostiene que la sala de lo penal del TS se basa en "criterios políticos" y no jurídicos

Sede del Tribunal Supremo en Madrid (ACN)

La Abogacía del Estado ha registrado este jueves un escrito donde pide al Tribunal Constitucional (TC) que no admita la cuestión de inconstitucionalidad que la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) presentó contra la ley de amnistía. En el documento de 37 páginas avanzado por El País, la Abogacía sostiene que el Supremo se basa en «criterios políticos» y no jurídicos, y apunta que los magistrados de la sala de lo penal no han argumentado jurídicamente los defectos constitucionales que atribuyen a la amnistía.

En el caso de que el TC admita la cuestión de inconstitucionalidad, la Abogacía pide que desestime igualmente las cuestiones que planteen los magistrados, porque considera que la amnistía no es una ley arbitraria ni vulnera los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica. Según el escrito, el TS ha utilizado «argumentos de carácter político y doctrinal que exceden sobradamente el carácter jurídico-constitucional propio de una cuestión de inconstitucionalidad». Además, según la Abogacía, el Supremo ha cometido «vicios procesales» porque las cuestiones de inconstitucionalidad tienen que detallar las supuestas infracciones constitucionales concretas de una ley, pero el Supremo no lo hace.

En este marco, la Abogacía responde los argumentos del Supremo contra la amnistía por la supuesta ruptura del principio de igualdad, y sostiene que se trata de una ley «excepcional y singular» que «agota su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida». «El principio de igualdad no implica la necesidad de dar alcance universal a los efectos de la amnistía, sino que no existan discriminaciones entre personas que se encuentran comprendidas en el supuesto habilitante de la amnistía», apunta la Abogacía, que también recuerda que la ley busca «superar la situación de alta tensión política que vivió la sociedad catalana de forma especialmente intensa desde finales de 2011».

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